Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras manifestarse sorprendido por la lista de ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo que estarían siendo investigados por supuestas irregularidades que fue publicada en noticieros de Televisa, Reforma y Milenio, el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, deslindó de toda responsabilidad a la dependencia que encabeza porque “no ha publicado ni filtrado ninguna lista” y dijo ignorar la posible procedencia de dicha lista.
Aunque a diferencia de la postura adoptada hacia medios locales, aclaró que no interpondrían ninguna denuncia o iniciarían ninguna investigación para determinar la procedencia de dicha información y que solo utilizarían su derecho de réplica.
“Ignoro la procedencia de la información que publicó Carlos Loret de Mola. “Es una información que circula desde los juzgados de distrito por la cascada de amparos que se han promovido y por todas aquellas informaciones que se han realizado”, dijo sin embargo.
El Fiscal también deslindó a la Fiscalía de la información que publica el periódico Reforma sobre delitos electorales -ya que no es de la competencia de la Fiscalía- así como también de los no 17 sino 23 nombres de ex funcionarios supuestamente investigados.
“Es falso, la Fiscalía no ha dado ni confirmado ninguna lista”, reiteró. Incluso, dijo que a la reportera de investigaciones especiales de Milenio apenas este jueves le dará una entrevista para aclarar cualquier duda.
Cuestionado sobre la aparición del logotipo de la dependencia, el Fiscal General del estado afirmó que es fácil acceder al logo a través de redes sociales, de internet y cualquier escaneo lo pueden hacer
Aclaró que no realizan ninguna investigación para determinar la procedencia de la información publicada, pues dijo ser respetuoso del derecho que tienen los medios de comunicación. “Somos respetuosos de las formas, pero no de las imputaciones a una institución”, señaló.
Cuestionado sobre la posibilidad de que desde los juzgados haya salido la información, reiteró que no puede hacer esa presunción. “Yo se cuales son las carpetas de investigación iniciadas y las que han sido judicializadas –dijo–, pero tampoco quiso precisar el número.
Aseguró que en los juzgados no hay ninguna lista tan impresionante de ex funcionarios investigados tal y como se divulgó, “aunque como he dicho hay carpetas donde una sola puede tener hasta doce personas, según el delito de imputación, pero en tanto no se obtenga la judicialización y la orden de aprehensión no se podrá decir”. ç
Declinó precisar cuántas carpetas de investigación se han iniciado y cuantas se han judicializado aunque dijo que el secretario de la gestión publica desde septiembre ha estado informando el número de carpetas e, incluso, hay otras que apenas acaba de conocer la Fiscalía.
Se dijo sorprendido de la lista de nombres publicada, pues dijo que muchos de los nombres que ahí aparecen, él no los conoce.
Con la publicación de este tipo de información, podemos darnos cuenta de que tienen sus propios informantes y ellos sabrán quienes son, manifestó.
Durante la entrevista, el Fiscal general del estado aseguró que no les preocupa la prescripción de los delitos, pues dijo no son por delito de querella sino por oficio. “Me preocuparía si no hubieran denuncias en donde la media aritmética del delito de peculado es de cinco años seis meses y siguiendo las reglas estamos aun a tiempo”.
Recordó que la denuncia más antigua data de septiembre del año pasado, otras fueron presentadas en noviembre, algunas otras apenas entraron en marzo y otras no han sido presentadas.
“La prescripción es una figura por no hacer lo que se debió hacer en su tiempo, una vez interpuestas las denuncias se interrumpe y hay los tiempos para trabajar, ya que de lo contrario ningún juez hubiera otorgado las ordenes de aprehensión”, agregó.
Pidió a los quintanarroenses mantener la confianza en la PGR y la Fiscalía, quienes, dijo, están haciendo su trabajo.
Consideró válido los amparos interpuestos por funcionarios de la anterior administración e, incluso, consideró que es una de las primeras recomendaciones que hacen los abogados independientemente del grado de responsabilidad que hayan tenido; sin embargo, aseguró que el amparo no es definitorio porque aun en esas circunstancias los juzgados otorgan ciertos requerimientos como medidas provisionales.
Incluso, afirmó, sin proporcionar nombres, que hay un funcionario que se ha atrevido a afirmar en su amparo que su domicilio actual está en México cuando todos saben que no es así, pero corresponderá a la Fiscalía demostrar lo contrario, litigarlo.
Anticipó que la Fiscalía buscará que la solicitud de amparo que se han interpuesto en la Ciudad de México sean remitidos a Chetumal. (Noticaribe)
que casualidad que cuando dijeron que no se iba a pagar el retroactivo a los trabajadores de gobierno y que el aumento solo fue del 3%, se filtra la lista. dense cuenta que cuando este gobierno mete la pata sale una noticia para desviar la atención y la gente no hable de las tonterías que hacen.
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