Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Enviada desde el 14 de mayo pasado, previo al inicio de los foros de consulta para la revisión y análisis ciudadano, los integrantes de la Comisión Permanente de la Décimo Quinta legislatura dieron lectura a la iniciativa enviada por el gobernador Carlos Joaquín González para abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con el documento presentado y leído, el gobernador del estado Carlos Joaquín González envió la iniciativa para decretar la abrogación de la ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la cual entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; hasta en tanto no se expida una nueva en la materia se deben realizar las acciones necesarias para brindar la protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en situación de riesgo y vulnerabilidad.
En su exposición de motivos, Joaquín González señaló que el 14 de agosto de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de Quintana Roo la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; que desde antes de su promulgación la Ley fue duramente criticada par algunos sectores de la sociedad, principalmente reporteros y periodistas, quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno estatal.
Que los comunicadores a quienes se les vulneraron sus garantías constitucionales y su libertad de expresión consideraron una burla encubrir persecuciones y ataques a la prensa, con una ley impuesta y con deficiencias de forma y contenido. Que las impugnaciones llegaron, incluso, a traducirse, en acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pronunciándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la anticonstitucionalidad de diversos preceptos normativos de la citada Ley.
Que el Gobierno anterior después de la aprobación de dicha Ley, no realizó ninguna acción para su aplicación, ni elaboró su reglamento, ni la instalación de su junta de gobierno o convocó a la elección del Consejo Consultivo y por supuesto, no cumplió con la puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, lo que además acrecentó la idea generalizada de distintas voces criticas de que la promulgación de la ley obedeció solamente a un propósito de simulación política, en agravio de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El titular del Ejecutivo establece en su iniciativa de abrogación que con la intención de accionar el mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, se instruyó recientemente a la Secretaría de Gobierno para que en un marco de respeto y transparencia, se procediera a instalar la Junta de Gobierno del Sistema contemplado en la Ley emitiéndose la Convocatoria con el fin de que tanto defensores de derechos humanos, como periodistas, formaran el Consejo Consultivo y este a su vez designara a sus
representantes ante el seno del órgano de dirección.
Que el lanzamiento de la convocatoria, apegada estrictamente a la normativa en vigor y de tener el objetivo indiscutible de cumplir con una obligación de Estado como es la de garantizar la protección, en casos de riesgo, a quienes ejercen el periodismo y asumen la defensa de los derechos humanos, reaviva nuevamente el debate crítico hacia la ley en cuestión, expresado en el repudio y no aceptación de una norma que consideran una ofensa heredada de la anterior administración estatal.
Que toda Ley tiene entre sus objetivos también la unidad y jamás provocar división en su aplicación; el Ejecutivo a mi cargo ve con preocupación que se enfrenten periodistas contra periodistas.
Que por tanto se requiere buscar la armonía en uno de los elementos esenciales de una democracia: la libertad de expresión. (Noticaribe)
