PLAYA DEL CARMEN, MX.- Por ejercicio indebido de recursos públicos federales por cerca de 150 millones de pesos, de los cuales 47 millones fueron sustraídos de las cuentas sin tener comprobantes de cómo se ejercieron, la Alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, interpuso una nueva denuncia contra funcionarios de primer nivel de la administración anterior, pero esta vez ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque la presidenta municipal no lo informó ni lo reconoció porque hay la presunción de inocencia, la denuncia implicaría directamente al ex Alcalde y ex candidato a la gubernatura Mauricio Góngora Escalante y al tesorero Gabriel Castro, entre otros ex funcionarios, ya que, según lo declarado, en todas las denuncias que se han presentado “siguen siendo las mismas personas: los relacionados con el manejo de los recursos y la toma de decisiones con relación al manejo de los recursos públicos”.
Al ser interrogada, además, la Alcaldesa dijo que “todo tiene que ver con las áreas de Tesorería y Egresos”. Gabriel Castro fue durante la anterior administración el principal responsable del área y sólo le reportaba a Mauricio Góngora.
“Las auditorías continúan, dentro de los procesos de auditoría van saliendo este tipo de acciones, que algunas tienen solventaciones de tipo administrativo y cuando ya se llega a estos niveles es porque no tenemos ningún tipo de solventación y entonces hay que actuar para que la autoridad investigadora realice las acciones pertinentes”
Cristina Torres dijo que esta demanda ante la PGR es adicional a las que previamente fueron presentadas ante la Fiscalía y advirtió que podrían haber más denuncias o ampliaciones de las que ya fueron presentadas.
“Las auditorías continúan, dentro de los procesos de auditoría van saliendo este tipo de acciones, que algunas tienen solventaciones de tipo administrativo y cuando ya se llega a estos niveles es porque no tenemos ningún tipo de solventación y entonces hay que actuar para que la autoridad investigadora realice las acciones pertinentes”, explicó.
Dijo que si esta vez se acudió a la PGR es porque los recursos federales tienen sus reglas de operación y “estos recursos fueron enviados a una cuenta general, de esa cuenta general se utilizaron recursos, no sabemos para qué, ahí hay uso indebido; pero aparte de todo esto, cuando se reintegran a las cuentas federales se reintegran ciertas cantidades que no coinciden con el total, es decir, 47 millones no hemos encontrado su aplicación, entonces no hay comprobación de 47 millones de pesos provenientes de recursos federales”.
Añadió que los recursos no solventados corresponden a varios ramos.
“Del resultado de las auditorías que ha realizado tanto la Contraloría Municipal como auditores externos, se ha detectado la violación de las reglas de operación de programas federales para los que estaban destinados los recursos y no hay comprobación del uso de 47 millones de pesos que fueron de recursos federales”, informó.
Es importante mencionar que las denuncias anteriores, al tratarse de delitos del fuero común, fueron interpuestas ante la Fiscalía General, y ésta, por tratarse de recursos federales, se presenta ante la PGR contra los funcionarios responsables del uso y manejo de los recursos públicos.
Esta denuncia se suma las dos presentadas ante la misma instancia iniciadas el 15 de diciembre del 2016 en contra de quienes fungieron como Presidente Municipal, Tesorero, Oficial Mayor y Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, por la probable comisión de los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública.
Una de ellas interpuesta debido a que, como servidores públicos y en el ejercicio de sus funciones, suscribieron un contrato con la empresa Prestamista FINMART que hizo préstamos a los trabajadores del municipio, el Ayuntamiento les retuvo y les descontó de sus nóminas el importe quincenal a pagar por dichos créditos; sin embargo, el Ayuntamiento no pagó dichos importes a la empresa prestamista, ni entregó tales recursos a la Administración municipal entrante, ocasionando un daño patrimonial superior a los cinco millones 150 mil pesos.
La segunda, se promovió por la probable comisión de los delitos de Desempeño Irregular de la Función Pública y/o Encubrimiento en contra de quien fungió como Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Solidaridad, debido a que en su carácter de servidora pública expidió constancias laborales a ocho supuestos trabajadores del Ayuntamiento, los cuales nunca fueron servidores de ésta Municipalidad, con la finalidad de que éstos tramitaran créditos fraudulentos ante el INFONACOT, por un monto de 400 mil pesos.
Asimismo, 1 de abril del 2017 se presentó ante el Ministerio Público una denuncia más por uso indebido de recursos por parte de funcionarios de la Administración anterior, que asciende a los 200 millones de pesos.
En total, las cuatro denuncian interpuestas hasta el momento contra ex funcionarios públicos, suman más de 350 millones 500 mil pesos aproximadamente, y están relacionadas, principalmente, con el uso indebido de recursos, según precisó el Ayuntamiento mediante un comunicado posterior a la entrevista con la Alcaldesa. (Noticaribe)
