Creado con las mejores intenciones “de combatir la inseguridad que se registra principalmente en los municipios de la zona norte de Quintana Roo”, el llamado convenio de mando único policial firmado entre el gobierno del Estado y las autoridades municipales de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco no logró cumplir con sus primeros cien días de funcionamiento y naufraga ante el ego, soberbia y falta de sensibilidad política de quienes tenían la responsabilidad de hacerlo funcionar en bien de la sociedad.
Aunque las cifras oficiales afirman que el índice delictivo esta a la baja, los hechos indican lo contrario. La percepción ciudadana es que estas cifras oficiales obedecen al ocultamiento de la información por parte de la autoridad estatal y municipal aunado a la apatía de denunciar los robos y asaltos ante el burocratismo que prevalece en las corporaciones encargadas de la procuración y la seguridad pública.
Fue el 31 de mayo pasado cuando se firmó el convenio de mando único, que después fue denominado “acuerdo de buena voluntad” entre los presidentes municipales de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba; Solidaridad, Cristina Gómez, y Othón P. Blanco, Luis Torres Llanes, y el gobierno del Estado a través del secretario de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel Campos. Pero hasta ahí quedó la buena voluntad.
Aunque estuvo el gobernador del Estado como testigo de la firma de este “acuerdo de buena voluntad policiaca”, Del Angel Campos no ha logrado o no ha querido agarrar la batuta de coordinación con las autoridades municipales, quienes simplemente han hecho caso omiso el pasado 31 de mayo. Benito, Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco han decidido implementar sus acciones por cuenta propia haciendo a un lado a Del Ángel Campos, quien únicamente ha hecho acto de presencia de las audiencias que ha otorgado el titular del ejecutivo.
No reconocen la autoridad ni el mando de coordinación en la autoridad estatal. Y la incidencia delictiva continúa creciendo amenazando con afectar la actividad turística con las alertas de viaje emitidas por el gobierno de los Estados Unidos a pesar del intento de la autoridad de minimizar esos hechos.
Han transcurrido aproximadamente cien días de la firma de este convenio de buena voluntad y no se ha dado a conocer el análisis de los escenarios de inseguridad en el Estado, la planeación especifica de las acciones policiacas para inhibir hechos delictivos, la coordinación y supervisión de mando para que la operación se desarrolle con respeto a los derechos humanos y con absoluto respeto en la toma de decisiones de los municipios.
Las palabras se las han llevado el viento y a pesar de que están conscientes de que, en estos momentos, la sociedad exige acciones gubernamentales que permitan disminuir los niveles de inseguridad en su entorno inmediato, poco o nada se ha logrado cumplir.
El tema de seguridad es un asunto delicado, a grado tal que la Universidad de Quintana Roo realizó su seminario de verano abordando de manera específica la violencia y la delincuencia organizada que prevalece en las fronteras y en el caso particular de Quintana Roo. El tema de la seguridad o inseguridad, según la perspectiva oficial o ciudadana con la que se quiera ver, preocupa ante la posibilidad de que sea un factor -entre varios que han impedido la gobernabilidad y la gobernanza en Quintana Roo- que la ciudadanía califique en las elecciones del 2018.
A pesar del reclamo ciudadano, la autoridad gubernamental queda debiendo con la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de los habitantes de Quintana Roo en un estado vulnerado por la delincuencia. Todo parece indicar que las actividades de información y de inteligencia que han desarrollado no han dado buenos resultados simplemente por el hecho de que no saben que hacer con la información obtenida.
Sin embargo, el ego y la soberbia de los participantes han puesto a naufragar el barco lleno de buenas intenciones para reforzar las acciones policiacas en, por lo menos, tres municipios de la entidad.
Hasta el momento 118 ejecuciones vinculadas con la delincuencia se han registrado en Cancún. La cifra tiende a aumentar pero lo que es mas preocupante se ha desplazado a municipios como Solidaridad y amenaza con alcanzar a la capital del Estado. El ego y la soberbia no son buenos consejeros.
