Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Para la Secretaría de la Contraloría, la Oficialía Mayor debe aplicar las sanciones correspondientes a los días de atraso que tiene la empresa Comercializadora Adicon SA de CV para entregar la totalidad de los uniformes escolares o aplicar la fianza depositada, ya que de lo contrario tiene responsabilidad por no cumplir su función, advirtió el titular Rafael del Pozo Dergal.
Asimismo, el contralor afirmó que no hay caso de nepotismo con la contratación de la esposa del Oficial Mayor, pues dijo no depende administrativamente de su esposo.
“Escuché la comparecencia del Oficial Mayor y la justificación que presentó por el tema del temblor podría ser un argumento válido para después del 19 de septiembre, “pero si el incumplimiento del contrato es desde antes de esa fecha entonces a opinión de la Contraloría debe aplicarse una sanción contra la empresa a menos que exista otra razón”, dijo.
Si la empresa debió cumplir el 30 de agosto con la entrega del total de los uniformes contratados y no lo hizo entonces, la institución responsable debe aplicar las deductivas a los días de atraso o bien aplicar la fianza depositada, señaló.
Del Pozo Dergal aseguró que tras recibir la denuncia por parte de la organización ‘Somos tus Ojos’ por irregularidades en la licitación, la Contraloría del Estado inició una auditoria especial que también abarca el retraso en el incumplimiento del contrato y que, incluso, desde el pasado 30 de agosto que se inicio la auditoria especial instó a la Oficialía Mayor para que se apliquen las deductivas correspondientes por el atraso en la entrega de los uniformes.
El secretario de la Contraloría hizo referencia a la comparecencia del Oficial Mayor en donde los diputados consideraran como si la cancelación del contrato fuera la primera y única opción “aunque otra de las opciones es otorgar una prórroga para la entrega de los uniformes hasta en un 20 por ciento del plazo otorgado para el cumplimiento e incluso hasta en metas económicas y eso es legal”.
Sin embargo, explicó que antes de considerar la rescisión del contrato hay que escuchar también a la empresa, “pues como les he dicho está la presunción de inocencia respecto al cumplimiento de contrato: se pide un informe, se contesta el informe, se valora si es suficiente para justificar el incumplimiento y si no es justificante evidentemente tenemos responsabilidad por no ejercer nuestra responsabilidad o hacerlo en forma tardía”.
Afirmó que la instancia gubernamental que tiene la responsabilidad del contrato es quien tiene la obligación de hacer cumplir con la entrega de los uniformes o aplicar sanción deductiva por el atraso o la aplicación de la fianza que siempre debe existir.
Del Pozo Dergal afirmó que tras haberse iniciado la auditoria especial desde el pasado 30 de agosto se advirtió a los funcionarios que deben cumplir a cabalidad con sus funciones. Aclaró que las investigaciones finales llevaran el plazo establecido “pero recuerden que la administración pública debe desahogar la comunicación escrita.. todo es epistolar, por escrito, no es cuestión de sentarse a charlar… falta recibir la información de la empresa”. (Noticaribe)
