Por Julio César Solís
CANCÚN, MX.- Luego que el Ayuntamiento de Benito Juárez cocina la posibilidad de concesionar el servicio de alumbrado público, el secretario estatal de Difusión y Propaganda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Salvador Diego Alarcón, enfatizó que esa acción sólo refleja la ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
Como se sabe, regidores de las 15 comisiones del Cabildo local sostuvieron en días pasados una reunión para comenzar a trabajar en el proyecto para subirlo al Pleno del Cuerpo Colegiado y posteriormente emitir la convocatoria de licitación, en la que hasta el momento se conoce que habrían dos empresas interesadas en participar.
Además, este martes, el alcalde Remberto Estrada Barba reconoció que sí analizan alternativas para solucionar el tema de luminarias en Cancún, como sería privatizar el servicio, derivado, dijo, de la inseguridad pública que azota a este vacacional.
Consultado al respecto, Salvador Diego explicó que por concepto del Derecho al Alumbrado Público (DAP) que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de los recibos de luz se perciben alrededor de 10 millones de pesos mensuales, que deberían ser suficientes para atender la situación.
“Yo creo que el planteamiento como tal no es malo, en dónde ubico el problema, en que saca a relucir la ineficiencia que existe para el manejo de los recursos públicos, porque al final el alumbrado público es la recaudación de un impuesto que es el Derecho al Alumbrado Público, el cual Comisión Federal de Electricidad a través de los recibos de cada una de los derechohabientes de las casas”, señaló.
Y agregó “la CFE recolecta ese dinero y se lo entrega al Ayuntamiento, esto debe ser aproximadamente de 9 a 10 millones de pesos al mes”.
Cuestionó qué sucederá con los cerca de 150 empleados del área de alumbrado público, perteneciente a la dirección de Servicios Públicos, ya que o los liquidan o los reubican.
Y en caso de reubicarlos tendría que vigilarse que no los presionen para renunciar ‘voluntariamente’.
“Son aproximadamente 150 a las familias que tenemos que vigilar y garantizar que se les cumpla conforme a derecho, si es que se les va a liquidar que sería lo correcto o se les va a reubicar, pero a veces la reubicación termina siendo un contexto político donde se les realizan ciertas presiones para que ellos mismos renuncien”, apuntó.
Salvador Diego insistió que en el caso de los trabajadores de alumbrado público en la comuna, esa labor significa muchos años de esfuerzo.
“Si se avala la contratación de una empresa, alumbrado público sería un área inutilIzada”, subrayó. (Noticaribe)