Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras asegurar que el tema de la austeridad presupuestal no puede estar por encima de la ley, el presidente de la Gran Comisión de diputados, Eduardo Martínez Arcila, señaló que los requerimientos financieros son mayores por lo que se trabajará con la Secretaría de Finanzas y Planeación para que se otorguen los recursos solicitados.
Al iniciar los órganos autónomos Fiscalía General del Estado, Comisión de Derechos Humanos, Tribunal Electoral de Quintana Roo e Instituto de Transparencia, la entrega de los proyectos presupuestales para el 2018, Martínez Arcila señaló que están a la espera de que el próximo miércoles -último día establecido en la ley- para recibir el paquete presupuestal del Ejecutivo a través del secretario de Finanzas y Planeación.
Sin embargo, no descartó la posibilidad de que puedan entregarse de manera anticipada para lo cual se encuentran en pláticas con personal de la Sefiplan. Después los diputados dispondrán de una semana para analizar a fondo las propuestas presupuestales para que a partir del 27 de noviembre inicien las comparecencias para justificar las solicitudes.
Martínez Arcila señaló que la Fiscalia General del Estado solicitó el 2.05 por ciento establecido en la Constitución, aunque están conscientes de que los requerimientos son mayores. El tema de seguridad debe ser prioridad y todos deben analizar la posibilidad de que se tengan esos recursos, advirtió.
Reiteró que el tema de la austeridad no puede estar por encima de lo que establece la ley, ya que si algún funcionario deja de cumplir con la ley “porque no tiene recursos entonces la ley se aplicará y podría incurrir en la responsabilidad. Debemos priorizar”, afirmó.
A través de su presidente, Harley Sosa Guillén, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo solicitó para el ejercicio 2018 alrededor de 66 millones de pesos, que representa un 25 por ciento más en relación con el ejercicio otorgado para 2017.
El proyecto de presupuesto se encuentra enfocado en principalmente tres aspectos: fortalecimiento institucional de las áreas de la comisión, en razón de las nuevas competencias y obligaciones en materia de transparencia, planeación y otras; la constitución del nuevo órgano interno de control derivado del sistema anticorrupción; y el incremente salarial de las y los visitadores de la comisión –mismos que tienen la importante encomienda de investigación a violación a derechos humanos-, quienes a lo largo de 10 años, no han recibido ningún incremento en su salario y reciben un 30 por ciento menos que sus homólogos en los estados de la región. (Noticaribe)
