CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al ayuntamiento y a la Fiscalía General de Chiapas por la detención y ejecución arbitrarias de un hombre por parte de dos policías municipales de Tila.
El organismo destacó la falta de diligencia en las investigaciones ministeriales del caso. La recomendación va dirigida al fiscal general de ese estado, Raciel López Salazar, y al presidente de Tila, Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez.
El 21 de agosto de 2015 la CNDH recibió una queja donde se expone que una mujer de la etnia chol reportó ante la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas que su esposo había desaparecido desde el 17 de julio de ese año, de la comunidad de Nueva Esperanza, a donde acudió a una capacitación electoral como funcionario suplente de casilla para las elecciones municipales del ayuntamiento de Tila 2015, sin embargo, esa autoridad sólo inició Acta Administrativa.
Posteriormente, el 24 de julio de ese año el cuerpo de la víctima fue localizado sin vida en el rancho San José Changuinic, por lo que la mujer denunció ante la Procuraduría que su marido “fue víctima de desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria” y responsabilizó al entonces presidente municipal de Tila. Con motivo de dicha denuncia, se radicó la averiguación previa por el delito de homicidio simple en agravio del fallecido y contra dos policías municipales.
Por tal motivo, la CNDH radicó el expediente CNDH/4/2015/7047/Q, y en su investigación confirmó que el 17 de julio de 2015, al salir de la capacitación, el hombre victimado fue detenido por dos policías municipales que no lo pusieron a disposición de autoridad alguna y acreditó la privación de la libertad por esos elementos en la modalidad de detención arbitraria.
Además durante la detención, los policías municipales golpearon y amenazaron de muerte a la víctima, sin que en la integración de la investigación la autoridad aportara elementos que permitieran conocer la razón de la detención o el destino del hombre, siendo tales servidores las últimas personas que lo vieron con vida ya que, con posterioridad, sólo se tuvo noticia del hallazgo de su cuerpo, concluyéndose que la detención llevó a la muerte de la víctima y que su ejecución se efectuó como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Una vez desahogadas las diligencias para la integración de la primera averiguación previa, se ejerció la acción penal, que originó la Causa Penal 1 por el delito de homicidio, radicada en el Juzgado Tercero, mismo que el 9 de junio de 2016 emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley en favor de los policías, por considerar insuficientes los elementos de prueba para demostrar su probable responsabilidad.
El Ministerio Público no realizó diligencia alguna para robustecer la investigación relacionada con la muerte de la víctima en el periodo del 9 de septiembre de 2016 hasta el 22 de mayo de 2017, cuando ante las solicitudes formuladas por la CNDH se citó a la concubina del fallecido para que aportara mayor información que posibilitara un nuevo auto de formal prisión contra los policías. Además, la investigación realizada atendió sólo a la acreditación del delito de homicidio simple, y no se recabaron ni analizaron los elementos existentes para la privación de la vida de la víctima de manera agravada, pues desde los estándares en Derechos Humanos constituyó un acto de ejecución arbitraria.
Por lo anterior, la CNDH pide al fiscal general del estado de Chiapas que, en coordinación con el ayuntamiento de Tila, se repare el daño a las víctimas supervivientes a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), que deberá incluir indemnización justa y atención psicológica; asimismo, deberá inscribirlas en el Registro Estatal de Víctimas.
También deberá investigar de manera eficaz y diligente, conforme a estándares internacionales, los hechos que motivaron la presente recomendación y propiciar la ejecución de la orden de aprehensión emitida contra los mencionados policías municipales; colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Contraloría General de esa Fiscalía, para iniciar procedimiento administrativo contra los funcionarios que vulneraron derechos humanos.
Además, al presidente municipal de Tila se le solicita realizar un diagnóstico de seguridad en el ayuntamiento, en coordinación con autoridades competentes de Chiapas, en que se establezcan de manera puntual y específica los perfiles que deberán cumplir los agentes de la policía municipal. (Fuente: Proceso)
