Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Por considerar que es innecesaria una ley estatal y que desde julio pasado la administración de Carlos Joaquín González instaló la Unidad Estatal para la Protección de los Defensores de los derechos humanos y los periodistas -la cual constituye el enlace institucional con el mecanismo federal de protección- la Décimo Quinta Legislatura aprobó la derogación de la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos del estado de Quintana Roo.
Aunque la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Eugenia Solís Salazar, afirmaba en semanas anteriores que no eran todos los periodistas quienes pedían la abrogación de esta mencionada ley.
Incluso, el 14 de octubre pasado, Solís Salazar presentó una iniciativa para modificar la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y los Periodistas, en la cual se otorgaba un mayor equilibrio a la Junta de Gobierno, al quedar integrado por tres representantes del sector periodístico en el Estado de Quintana Roo, los tres titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de un séptimo integrante en representación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y que deberá tener un amplio conocimiento en la materia.
Otro cambio importante era la creación de una Fiscalía Investigadora, cuya titularidad quedaría a cargo del representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y que contaría con el apoyo de al menos tres especialistas responsables de la recepción de solicitudes y respuesta inmediata, análisis de riesgos, implementación y seguimientos de medidas de protección, así como de las medidas preventivas y de capacitación.
“Aquí tratamos de atacar dos frentes: el primero, facilitar y agilizar la recepción de las denuncias de los afectados, pero también identificar cuáles servidores públicos son los más propensos a cometer este tipo de faltas, para capacitarlos en el trato que deben tener hacia periodistas y defensores de derechos humanos. Esto es la prevención”, dijo en su momento.
“Pero en caso de que cometan una falta o agresión, se le está otorgando a este sistema de protección la facultad de que las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades cuya intervención sean necesarias, así como resarcir el daño que pudieran ocasionar”, puntualizó la legisladora panista.
Aunque la Décimo Quinta legislatura realizó tres sendos “foros ciudadanos” para conocer y analizar las propuestas de los diferentes sectores de la población y periodistas de la entidad, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria aprobaron la iniciativa enviada por el gobernador Carlos Joaquín González y que “desde antes de su promulgación fue duramente criticada por algunos sectores de la sociedad, principalmente de reporteros y periodistas quienes fueron difamados y perseguidos desde el gobierno estatal; que los comunicadores a quienes se vulneraron sus garantías constitucionales y su libertad de expresión consideraron una burla encubrir persecuciones y ataques a la prensa con una ley impuesta y con deficiencias de forma y contenido; que las impugnaciones llegaron incluso a traducirse en acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH pronunciándose la SCJN respecto a la anticonstitucionalidad de diversos preceptos normativos;
Además de que el gobierno anterior, después de la aprobación de dicha ley no realizó ninguna acción para su aplicación, no elaboró su reglamento, no instaló la Junta de Gobierno, no cumplió con la puesta en marcha y funcionamiento del Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, lo que además acrecentó la idea generalizada de distintas voces críticas de que la promulgación de la ley obedeció solamente a un propósito de simulación política.
Tras el análisis de los antecedentes, los integrantes de las comisiones unidas consideraron que la expedición de una ley estatal en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas resulta innecesaria, ya que la publicada en el DOF de 25 de junio de 2012, previó que la federación asumiera a plenitud mediante la instalación y operación con recursos federales de un único mecanismo en el que tendría cabida la participación de las entidades federativas.
Resulta innecesaria, establecen los integrantes de las comisiones unidas, la expedición de una ley estatal con el objeto de implementar un Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. (Noticaribe)
