Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aún cuando la Cofepris ha declarado que pocos casos se han detectado, los integrantes de la XV Legislatura
aprobaron un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana Roo para que, de manera coordinada con las autoridades municipales, lleven a cabo operativos permanentes de verificación y vigilancia en la entidad para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas.
Además pidieron aplicar en su caso las medidas precautorias necesarias con el fin de preservar y proteger la salud, así como la seguridad de los consumidores quintanarroenses y los turistas tanto nacionales como internacionales que nos visitan.
Durante la sesión ordinaria, el pleno dio entrada a una iniciativa para reformar los artículos 6, 27, la fracción II del artículo 32 y la fracción I del artículo 34 de la ley que establece las bases de apertura y cierre de las Casas de Empeño o Préstamo en el Estado de Quintana Roo, con la que se busca otorgar certeza y seguridad jurídica a las casas de empeño, así como a los propios pignorantes, garantizando que los artículos en prenda sean de legítima procedencia.
Además en esta sesión rindieron protesta Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Esquivel Cruz González, Teresa Sonia López Cardiel, Francisco Gildardo Pérez Babb, Reyes Antonio De La Rosa Muñoz, Luis Ernesto Mis Balam y Adriana Chan Canul, como diputados propietarios tras la renuncia de sus titulares.
De esta manera, los legisladores suplentes entrarán de lleno a las reuniones de las comisiones ordinarias y de las sesiones del Pleno, para dar continuidad al estudio y revisión de las iniciativas que se encuentran en análisis en la XV Legislatura.
En la sesión número 15, se aprobaron reformas a la Constitución Política de Quintana Roo, así como diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, mediante las cuales se otorga la facultad al Ejecutivo estatal de defender los intereses estatales en aquellos asuntos en los que el Estado sea parte, salvo en los casos previstos en la Constitución federal.
A través de estas reformas, se armoniza el texto constitucional local con la Carta Magna, donde se confiere al Ejecutivo la representación originaria al gobernador del Estado y la representación derivada a la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo o de las Secretarías de Estado. (Noticaribe)
