CIUDAD DE MÉXICO, MX.– La crisis de derechos humanos que arrastra México, que ha cobrado miles de víctimas desde 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, no aparece como uno de los temas torales en la retórica de los aspirantes a suceder a Enrique Peña Nieto, cuyo sexenio estuvo marcado por tragedias como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de jóvenes en Papantla y Poza Rica, por las masacres de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán, y operativos de represión, como en Nochixtlán.
En una investigación especial, la revista Proceso consultó a defensores que buscan posicionar la grave crisis de derechos humanos en la agenda de los aspirantes, a partir de distintas estrategias, convencidos de que el tema no puede ser ignorado por los candidatos presidenciales Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, así como los independientes Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala.
Para Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, la gran preocupación no sólo es “la falta de formación y sensibilidad” en la materia, sino que “ni siquiera desde el punto de vista humano y ético ha habido consideraciones sobre las víctimas, que son tantas en el país y son una herida abierta; ignorar esa herida es cinismo”.
Ríos Martínez da cuenta de casos concretos en que se advierte la falta de conocimiento, desde pifias como hablar de la “Convención Internacional de Derechos Humanos”, de Meade el 1 de febrero, hasta “la peligrosa alianza que ha hecho López Obrador con el Partido Encuentro Social, con posturas contrarias al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGBTI”.
Para el defensor, que representa a 84 agrupaciones de 23 estados del país, lo que la sociedad civil exige son “mensajes y compromisos claros que atiendan la complejidad de la crisis de derechos humanos, la grave impunidad, es decir que se pronuncien sobre estos elementos tan importantes para el ciudadano común y corriente”. (Fuente: Proceso)
