CHETUMAL, MX.- Ante el alarmante índice de casos de robos a escuelas de educación pública en el Estado y con el objetivo de fortalecer aún más la participación de los municipios del Estado, en el mantenimiento y seguridad de estos centros educativos, la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Décimo Quinta Legislatura del Congreso del Estado, Marcelina Sagrero Balado, presentó ante Oficialía de Partes de esta Legislatura, la iniciativa de Decreto por la que se adiciona la fracción X al artículo 29 y se reforma la fracción XII del artículo 169, de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo.
La también integrante de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, recordó que el Código Penal del estado de Quintana Roo, señala como robo, el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la Ley.
“Es por ello, indicó, que, en un esfuerzo para detener esta situación, el 14 de julio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el castigo de seis a dieciocho años de prisión, y de 30 a 150 días de multa, si el robo se realiza en agravio de bienes que pertenezcan o estén destinados al servicio educativo, en escuelas o instituciones educativas de carácter público o privado que cuenten con reconocimiento de validez oficial, o en inmuebles destinados a prestar un servicio educativo”.
No obstante, comentó que en la mayoría de los robos, si bien se lleva a cabo esta pena para las personas que hayan delinquido, el daño al bien sigue estando ahí, resultando un faltante para la escuela o algo que simplemente ya no regresará.
En este sentido, abundó “como diputada presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, me resulta alarmante esta situación, por lo que hoy propongo esta reforma a la Ley de Educación del Estado, a fin de establecer una cooperación con las autoridades y llevemos a cabo medidas de prevención como es la vigilancia en los planteles educativos de la entidad”.
Insistió en la necesidad de que la Ley establezca como atribución de los municipios que coadyuven a la vigilancia y seguridad de los planteles escolares que se encuentren en su territorio, para que establezcan las medidas necesarias y estrategias que resulten convenientes para la prevención de robos a la infraestructura y patrimonio de los planteles educativos.
“Si bien, las autoridades educativas de las escuelas junto con madres y padres de familia e incluso el cuerpo estudiantil, realizan esfuerzos de vigilancia, estas acciones no son suficientes, por lo que se requiere la pronta intervención de la autoridad estatal y municipales, para llevar a cabo el verdadero fortalecimiento de la vigilancia de los centros escolares para la protección de los inmuebles, por parte de las autoridades correspondientes”, reiteró la legisladora local.
Sostuvo que con la implementación de estas medidas, se podrá garantizar la protección adecuada de las instalaciones de los planteles educativos de nivel básico y de media superior en el Estado.
Asimismo, dentro de esta iniciativa de Ley, se propone modificar que los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación, gestionen ante el Ayuntamiento y ante la autoridad educativa estatal, que se de atención de manera responsable y directa a escuelas públicas ubicadas en su circunscripción territorial que requieran de mantenimiento físico y proveerán además, de equipamiento básico.
Cabe mencionar que para llevar a cabo la propuesta de las escuelas que serán beneficiadas cada ciclo, deberá ser entregada a la autoridad municipal a más tardar cada 30 de septiembre, para que este a su vez realice las acciones conducentes referente a la inversión que ocupará y gestione los recursos necesarios de manera oportuna para que sean considerados dentro de su paquete presupuestario del año inmediato de ejercicio fiscal. (Noticaribe/Foto: Infoqroo)
