Por Enrique Huerta
CHETUMAL, MX.- Un trabajo técnico y político deficiente del Ieqroo es la causa principal que ha obstaculizado avanzar en realizacion de la consulta ciudadana en el municipio de Benito Juárez sobre las plataformas de transporte tipo Uber para el 1 de julio, día de las elecciones concurrentes.
Las “fallas” del Ieqroo que han puesto en riesgo la consulta van desde el presupuesto presentado de más de 12 millones 746 mil pesos para organizar esta consulta, hasta el “copy-paste” que el Ieqroo hizo de la solicitud del gobierno estatal y que es el que finalmente pone en riesgo la realización de este ejercicio.
Y es que el pasado 15 de mayo, los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocaron el acuerdo de los consejeros del Ieqroo que permitiría dicha consulta, al considerar que no se fundamentó la trascendencia e impacto de la consulta ciudadana.
La presidenta del Teqroo, Nora Cerón González, explicó que los consejeros electorales debieron profundizar en los efectos que la decisión tendría en los municipios conurbados a Benito Juárez, además de apoyarse en colegios y organizaciones especialistas en la materia y emita un nuevo acuerdo.
Por ello, el Teqroo determinó regresar el acuerdo al Consejo General del Ieqroo, el cual tendrá que replantear jurídicamente la consulta popular. Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González indicó que tiene toda la disposición de proporcionar lo que haga falta para que el acuerdo pueda contar con el sostén jurídico necesario.
Previo al dictamen del Teqroo, surgió otra dificultad, también originada por el Ieqroo: el presupuesto solicitado a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal para organizar la consulta, que fue de más de 12 millones 746 mil pesos.
Este monto ocasionó que diputados locales, candidatos de las distintas fuerzas políticas, empresarios y hasta el gobernador coincidieran en considerarlo como “excesivo”.
Y es que el costo de esta consulta es apenas inferior a los 13 millones de pesos que tuvo que desembolsar la actual administración para cubrir los créditos financieros de 305 maestros a quienes el gobierno anterior les hizo las retenciones para pagar sus créditos, pero no realizó los pagos correspondientes.
Incluso la secretaria de Finanzas, Yohanet Torres, afirmó que estaba exagerado ese monto y que la dependencia a su cargo no efectuará ningún pago hasta que el instituto electoral no entregue los soportes financieros para justificar dicha petición.
Por su parte, la candidata al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Marybel Villegas, comentó que sería preferible que ese dinero se invierta para programas de salud.
“Muy lamentable, porque hay otras prioridades. Por ejemplo, en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya, me comenta la gente que ni siquiera cuentan con jeringas, gasas; no hay ni siquiera lo más básico para dar atención”.
En ese sentido opinó el presidente de la Comisión de Transporte del Congreso estatal, el diputado Mario Baeza, quien dijo que es inviable esa cantidad, pues “no considera la situación política actual ni las tantas necesidades que vive nuestro pueblo”.
Por su parte, el presidente de la Gran Comisión del Congreso estatal, Eduardo Martínez Arcila, consideró como “desproporcionado” el presupuesto de 12.7 millones de pesos para esta consulta, ya que el padrón de electores en Cancún es de aproximadamente 540 mil votantes. Además, agregó, no se ajusta a las condiciones económicas en las que se encuentra el estado.
“No me parece justo para las condiciones económicas que vive el estado, porque lo único que tiene que hacer la autoridad laboral es poner una urna y mandar a imprimir unas boletas sin todos los candados de seguridad que exige una boleta para elecciones constitucionales”.
Incluso, Martínez Arcila consideró que con ese presupuesto solicitado al gobierno estatal, el Ieqroo “no está colaborando” con la realización de la consulta. Y ahora, con el revés al dictamen de los consejeros del instituto electoral, se le preguntó al gobernador si coincidía con la apreciación del diputado, a lo que respondió: “Pues no, espero que tenga un fundamento legal”. (Noticaribe)
