El argumento oficial para que las unidades de Uber deban de tener una concesión, es por motivos de seguridad.
Palabras más, palabras menos, con la concesión se permitirá ubicar al dueño del vehículo, y si las unidades automotrices están en regla y dentro de la ley.
Pero, en realidad, se está aplicando una medida que ha fracasado de manera rotunda.
Reiteradamente, taxistas están relacionados en hechos delictivos, desde asuntos relacionados al narcotráfico, como ejecuciones y trasiego de droga, hasta otros delitos no menos graves como robos, violaciones a usuarias y lesiones por riñas.
Definitivamente el ‘candado’ de la concesión no perece ser el más eficiente para garantizar seguridad a los usuarios de Uber.
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