Por Julio César Solís / Fotos: Gonzalo Zapata
CANCÚN, MX.- Luego que el Congreso del Estado aprobó las reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que establecen restricciones para la operación de plataformas digitales de transporte, como es el uso de concesiones, el diputado local panista y presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, expresó que las empresas tienen garantizada la oportunidad de operar en territorio quintanarroense.
En entrevista para Noticaribe, el parlamentario expresó que los cambios privilegian al usuario, brindándole seguridad al momento de transportarse por medio de servicios solicitados a través de aplicaciones vía teléfono celular.
Aclaró, que las modificaciones a la Ley de Movilidad garantizan a las plataformas digitales de transporte como Uber, una concesión para operar por diez años y la posibilidad de refrendarla por una década más.
“Tenemos que aclarar eso, no hay ninguna prohibición, al contrario, hay una regulación que no se tenía antes, donde hoy los que trabajan estas aplicaciones digitales tienen garantizado su operación en el estado, tienen garantizado diez años que es lo que durará la concesión y tienen garantizado también que haciendo buen uso de la concesión, pueden refrendarla por diez años más”, apuntó.
Y sostuvo “en términos generales tendrían 20 años garantizados de poder operar esta concesión”.
“Yo creo que la empresa debe decir cuáles son sus motivaciones para no aceptar una regulación donde venga la palabra concesión, o sea, cuál es el argumento legal que ellos pondrían sobre la mesa”.
Eduardo Martínez Arcila
Reiteró que los cambios que realizó la XV Legislatura velan por la seguridad de los usuarios, como por ejemplo, que el Estado sabrá quién es el operador de cada unidad y, de esta forma, deslindar responsabilidades en caso de algún percance o incidente.
“Se veló por el derecho y la garantía de los ciudadanos de moverse de manera libre, de manera segura, de manera adecuada en tiempos, con transportes limpios, con transportes seguros. Tienen garantizado que el Estado va a saber quién es el conductor que lo está llevando, por si llegará haber algún tipo de percance o incidente, sepamos quién manejaba ese vehículo”, expresó.
Eduardo Martínez rechazó que el Congreso haya regulado la relación entre el conductor, la aplicación y el cliente, sino que se reguló la explotación de las vías carreteras por medio de un servicio de transporte.
Urgió a que la empresa Uber se pronuncie respecto a por qué no aceptaría una regulación que contenga la palabra concesión.
“Yo creo que la empresa debe decir cuáles son sus motivaciones para no aceptar una regulación donde venga la palabra concesión, o sea, cuál es el argumento legal que ellos pondrían sobre la mesa”.
Expresó que en el último de los casos, la compañía tiene el derecho salvaguardado de acudir a los tribunales para conocer si lo que legisló el Congreso local es constitucional o no.
Indicó que la Ley de Movilidad entrará en vigor el 12 de septiembre.
En un tema distinto, Eduardo Martínez informó que la Junta de Coordinación Política garantizará la representación de todos los partidos políticos en el parlamento quintanarroense.
Dicho órgano sustituirá a la Gran Comisión, y como primer paso se aprobó en la sesión del periodo extraordinario del pasado martes, modificar el texto constitucional para sentar las bases de los cambios sustanciales en la organización y funcionamiento del Congreso.
“Esta nueva figura garantiza que todos los partidos van a tener representación partidaria; también va a garantizar que los diferentes órganos de Gobierno del Congreso, áreas administrativas, titularidades, también en esa misma proporción, puedan ser asignadas a propuestas de esas fracciones parlamentarias y también garantiza que el reparto de las comisiones sea proporcional en importancia a la representación que va a tener cada fracción parlamentaria, es decir, es un órgano totalmente plural”, detalló.
Puntualizó que las reformas para la desaparición de la Gran Comisión, serán avaladas por los actuales diputados, sin embargo, entrarán en vigor a partir del 3 de septiembre de 2019, cuando tome protesta la Décimo Sexta Legislatura del Congreso de Quintana Roo. (Noticaribe)
