Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Representantes de organizaciones campesinas de Yucatán y Quintana Roo, agrupados en el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, del colectivo de semillas nativas “Much’Kanan Línaj”, EDUCE Asociación Civil y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales manifestaron su rechazo al Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY), firmado por los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de Yucatán, Rolando Bello y de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas en el marco de la COP13 de biodiversidad realizado en Cancún por afectar a los habitantes de la zona maya, al no ser tomados en cuenta en el proceso de consulta.
En conferencia de prensa ofrecida en Chetumal, dieron a conocer que jueces otorgaron el amparo interpuesto contra dicho acuerdo con lo cual se obliga a los gobiernos involucrados a suspender dicho proyecto y reconocer la trascendencia histórica, cultural y económica de los pueblos mayas; ordena que se considere la opinión de todas las comunidades mayas en el análisis y revisión de los proyectos con los estándares internacionales y se publiquen los acuerdos en los periódicos oficiales de cada una de las entidades involucradas.
Rusell Peba denunció que la ASPY representa un deterioro del medio ambiente al aprobar grandes proyectos de inversión sin la consulta de los habitantes de las comunidades mayas, que han sido prácticamente despojados de sus propiedades, “lo que hemos visto con proyectos para la construcción de parques eólicos y solares en Yucatán que no fueron consensados y con el desconocimiento de los maya parlantes, ya que únicamente se difunde la información en español”.
Además, no se ha presentado información del destino que se le ha dado a los recursos destinados al Fondo Climático.
Al igual que Rusell Peba, los campesinos Juan Yeh y Yeh, Pedro Uc, Alfredo Tun Huchim, del municipio de Bacalar y Raymundo Espinoza Hernández de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, confirmaron el rechazo al ASPY también por la discriminación de que son objetos los habitantes de las comunidades mayas a quienes identifican como “paisajes culturales”.
Señalaron que los gobernadores que firmaron dicho acuerdo hicieron a un lado a las comunidades mayas de la toma de decisiones, “demostrando que sus intereses son ajenos a la de los campesinos al aprobar proyectos supuestamente sustentables, pero que no benefician a los campesinos.”
Manifestaron que el fallo a su favor, del amparo interpuesto, representa un paso para frenar el ASPY, pero que continuarán con su lucha jurídica para lograr el respeto y el reconocimiento a la importancia de la participación de las comunidades mayas.
De acuerdo con el documento el objetivo del ASPY 2030 es fijar metas en común entre los gobiernos e implementar de forma coordinada estrategias para lograr la sustentabilidad de la Península de Yucatán, reconociendo el valor de la biodiversidad y la necesidad del desarrollo rural sustentable para que las comunidades y los ecosistemas puedan prosperar.
“Se basa en el cumplimiento de las estrategias y planes elaborados a nivel estatal y regional en el periodo 2010 – 2016, reconociendo así las estructuras de gobernanza establecidas y la importancia de la participación de los sectores social, académico, productivo y empresarial en el diseño de dichos planes”.
Para el cumplimiento del objeto del Acuerdo, los gobiernos de la Península, en colaboración con la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada, instrumentarán convenios específicos en los que se establecerán los procedimientos de coordinación, responsables, recursos y acciones de colaboración que resulten necesarias.
El Acuerdo contempla un plazo no mayor de seis meses, a partir de la firma, para establecer esquemas de monitoreo transparentes y pertinentes que permitan evaluar la efectividad y cumplimiento de las metas y líneas de acción comprometidas.
Entre sus metas se encuentra lograr cero deforestación neta en el año 2030 (-80 por ciento en 2020), restaurar dos millones de hectáreas terrestres, la intensificación sustentable de la producción agrícola en 250 mil hectáreas en terrenos agropecuarios, la intensificación sustentable de la ganadería en 250 mil hectáreas en terrenos agropecuarios, reforestación y acciones de restauración de selvas degradadas, lograr que el 50 por ciento del territorio terrestre y costero de la Península de Yucatán esté bajo esquemas de conservación y/o manejo forestal, promover paisajes bioculturales mayas, atraer recursos provenientes de fuentes privadas y/o internacionales que representen lo equivalente a la inversión de los recursos públicos destinados actualmente a actividades que promuevan la economía verde y restaurar el 20 por ciento de las de crestas arrecifales (54 km) y el 30 por ciento de los sistemas playa-dunas costeras alterados por asentamientos humanos (80 km) que protegen comunidades humanas, playas e infraestructura. (Noticaribe)
