CHETUMAL, MX.- El Juzgado Primero de Distrito con sede en esta ciudad concedió el amparo a favor de Gina Patricia Ortiz Blanco, ex titular del desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), acusada por el delito de peculado, en el cual ordenó al juez de control deje insubsiste la vinculación dictada a la ex funcionaria y dicte un auto de no vinculación a proceso por estar prescrita la acción penal, informó el diario Por Esto! de Quintana Roo.
Lo anterior lo informó Leopoldo Herrera Manzanilla, abogado de Gina Patricia Ortiz Blanco, exdirectora del desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE).
El abogado detalló que en el amparo marcado con el número 433/2018, que fue concedido a su cliente por el Juzgado Primero de Distrito, se ordenó al juez de control que deje insubsistente la vinculación dictada a la exdirectora de IPAE y que dicte un auto de no vinculación a proceso por estar prescrita la acción penal del delito de peculado que se imputa a la ex funcionaria.
“Esto no quiere decir que mi defendida haya cometido el delito, ya que en su momento íbamos a esclarecer la verdad histórica de que ésta no perpetró el ilícito que le imputa la Fiscalía General del Estado”, señaló Herrera Manzanilla.
Como se recordará, en el mes de mayo del presente año, la exdirectora del IPAE compareció amparada ante el Juzgado Penal Oral para solicitar al juez que fijara fecha y hora para la audiencia inicial del proceso penal que enfrenta por el delito de peculado.
En su momento, la ex funcionaria compareció nuevamente ante el Juzgado Penal Oral a rendir su declaración con relación a los hechos; sin embargo, prefirió reservar el derecho de declarar porque está prescrita la acción penal del ilícito que le imputa la Fiscalía General del Estado.
Aun así, el juez de control le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de peculado, pero la exdirectora del IPAE siempre quedó en libertad al depositar una fianza de 200 mil pesos, e ir a firmar cada 15 días en el juzgado.
A la ex funcionaria se le acusa de vender de forma irregular 11 inmuebles propiedad del gobierno del Estado dentro de la carpeta administrativa marcada con el número 158/2018. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
