Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- “Si el cambio de fiscal general fuera la solución a la ola de violencia que se registra, no sólo en el estado, sino en otras partes de la República, ya se hubiera hecho, pero en estos momentos es necesario encontrar cómo solucionar el problema y analizar el uso eficiente de los recursos disponibles”, afirmó el presidente de la Gran Comisión de diputados, Eduardo Martínez Arcila.
Por su parte, la presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Anticorrupción y Órganos Autónomos, Yamina Rosado Ibarra afirmó que es responsabilidad del gobernador Carlos Joaquin González tomar la decisión de efectuar cambios en la Fiscalía General del Estado y no de los diputados.
Al hablar de lo que consideraron una reunión de trabajo con el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Cen los legisladores del PAN coincidieron al señalar que es necesario conocer el trabajo que se ha realizado en la dependencia con los recursos disponibles y que el tema presupuestal será analizado en los próximos meses.
Martínez Arcila dijo que esta reunión fue convocada ante la preocupación ciudadana del trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado, cuál es su nivel de competencia y dónde es coadyuvante con las instancias federales. “Sólo con esos datos objetivos podremos emitir una opinión fundada del trabajo que se realiza. Hemos reconocido que faltan muchos recursos, pero es necesario analizar qué es lo que se hace con los recursos disponibles”, afirmó.
“La cuestión no es sólo el tema económico, sino ser eficaces en el manejo de los recursos”, reiteró. Insistió en que el objetivo de la reunión fue conocer respecto a las investigaciones en torno a las ejecuciones que se han registrado en el estado, cuál es su nivel de competencia, el número de personas detenidas, cuál es la coordinación con la PGR en materia de delincuencia organizada, sobre periodistas asesinados y otros que han sido víctimas de la delincuencia, los delitos en materia de género y el involucramiento -al parecer- de chóferes de taxis con la delincuencia, el tema de los bares donde se han registrado ejecuciones y cuál es la responsabilidad de los propietarios.
El presidente de la Gran Comisión de diputados, reiteró que la destitución de un servidor público no tiene ninguna incidencia en la inseguridad o la delincuencia.
“Yo he creído que si la renuncia de un servidor público acabara con la inseguridad, yo sería el primero que renunciaría. Si resuelve un problema tan sólo la renuncia de un funcionario, yo creo que todos estaríamos en la disposición de renunciar, pero en estos momentos hay que ver cómo solucionar el problema”, advirtió. (Noticaribe)
