No deja de admirarme la forma cínica en que muchas empresas turísticas de Tulum se anuncian como “Eco friendly”, así, en inglés y nos presentan un mundo de glamour que esconde la forma sucia como se han establecido, así como sus muy discutibles prácticas de operación.
El caso del club de playa conocido como Boa Beach es paradigmático ya que incurre en todas y cada una de las irregularidades que se pueden cometer en el establecimiento y operación de una empresa turística en Tulum.
Para empezar, el proyecto se encuentra dentro de un Parque Nacional en el cual está prohibido el establecimiento de infraestructura que no sea rústica y temporal. En esta irregularidad están todos los establecimientos (hoteles, bares, restaurantes, etc.) que son posteriores a 1981, año en que se decretó el Parque Nacional.
Pero en peor situación están las que han sido establecidas luego de la resolución de la Suprema Corte de la Nación (SCN) de 2011, donde se establece que el Parque Nacional no debe quedar incluido en el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Tulum, como lo pretendían el gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Solidaridad (antes de la creación del municipio Tulum). Bajo esta resolución se reconocen las irregularidades en que han incurrido las empresas y asentamientos diversos que se han establecido en el Parque y, de manera explícita, se reitera su condición de bien público de responsabilidad federal, en el cual no es posible establecer infraestructura turística, urbana o de servicios municipales.
En la resolución de la controversia constitucional la SCN establece claramente la competencia federal que aplica en el Parque: (los) bienes nacionales que, por disposición de ley, se encuentran sujetos al régimen de dominio público de la Federación, por lo que ésta es la única que puede determinar su uso y destino, así como las actividades que en ellos podrán desarrollarse.
También afirma en la resolución que el régimen de propiedad pública invalida los derechos de los poseedores de terrenos en el Parque, por lo que será la Federación la que, en todo momento, “resuelva la situación de las construcciones y asentamientos humanos en el área”.
Y hay más. El club de playa se ha establecido en una propiedad cuyo estatus es incierto, no cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y no tiene una licencia de construcción. Además, se ha establecido sobre la duna afectando a los ecosistemas costeros.
Debido a estas irregularidades, la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) levantó una denuncia ante la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente). El lugar fue clausurado, aunque los sellos se colocaron, a solicitud del afectado, en lugares donde no se ven. Y pese a la clausura, el establecimiento ha seguido operando. Esto exige la acción de la PGR, que es la instancia que debe vigilar que las sanciones impuestas por la PROFEPA se hagan efectivas.
En algunos medios se ha afirmado que Boa Beach es un club de playa independiente, que no pertenece a ningún hotel en particular, pero por lo que se ha sabido, es parte de los servicios que ofrece el fraccionamiento de lujo Aldea Zama, un desarrollo impulsado por inversionistas yucatecos muy poderosos, quienes fueron capaces de establecer un desarrollo inmobiliario que se favoreció con la venta de un terreno que era de la Universidad de Quintana Roo.
De acuerdo a la propuesta original, en una segunda etapa el proyecto inmobiliario pretende establecer canales, rompiendo la delicada dinámica del acuífero, además de un campo de golf muy ecológico, al decir de los inversionistas.
Por todo ello, la comunidad ambientalista de Tulum se encuentra indignada, tal como se puede ver a través de las redes sociales. Y es que resulta lamentable la actitud prepotente e impune como esta empresa burla todas las regulaciones aplicables. Y es preocupante que las autoridades competentes no detengan este tipo de negocios mafiosos que optan por la anarquía y que atentan contra la viabilidad futura del destino.
