Ese quebranto es equivalente al gasto programable destinado a desarrollo social para el periodo enero-julio de 2018, lapso en el que se ejercieron 60 mil 75 millones de pesos, según informes oficiales.
En el caso de Pemex, su director general, Carlos Treviño Medina, ha estimado que el robo de hidrocarburos de poliductos, entre gasolinas, gas LP, diésel y petróleo, asciende a unos 30 mil millones de pesos anuales, con el consecuente deterioro financiero de la empresa.
De acuerdo con el más reciente reporte de Pemex, en junio de 2018 se registró un aumento de 49.5 por ciento del número de tomas clandestinas, al documentarse 7 mil 590, contra 5 mil 75 detectadas en el mismo periodo de 2017.
Las cinco entidades con más ductos perforados en el primer semestre del año son: Puebla (mil 175), Hidalgo (909), Guanajuato (865), Veracruz (844) y Jalisco (758).
Entre 2013 (primer año de gobierno de la actual administración) y el cierre de 2017, el número de tomas clandestinas aumentó 294 por ciento, al pasar de 2 mil 627 a 10 mil 363 en ese lapso.
De seguir esa tendencia se perfila que a finales de año serían 15 mil zonas de extracción ilícita, con el consecuente quebranto a las finanzas de Pemex, cuyos cálculos conservadores estiman que el robo de combustibles ocasiona un quebranto de 30 mil millones anuales.
Por su parte, informes de la Secretaría de Energía señalan que en 2017 las pérdidas no técnicas ocasionadas por el hurto de energía a la CFE fueron de 18 mil 268 giga vatios-hora, lo que equivale a 7.6 por ciento del total de la energía recibida.
Así, el valor económico de esas pérdidas no técnicas asciende a 30 mil 325 millones de pesos, estimación basada en el costo de la energía dejada de vender: 1.66 pesos por kilovatio-hora.
Entre las principales acciones para abatir y controlar pérdidas no técnicas, la CFE está implementando nueva tecnología para reforzar los programas de verificación de los medidores en suministros de media tensión y sustituir los medidores electromecánicos por electrónicos.
Además, busca detectar anomalías en el proceso de medición y facturación de los servicios en media tensión en el mismo mes de facturación y reordenar el proceso de comercialización de la energía eléctrica, incluyendo los sistemas informáticos de gestión y los procesos operativos y verificación, así como el control de servicios.
Adicionalmente, se ejecutan programas especiales de revisión y detección de anomalías en la facturación y cobranza encaminados a la recuperación del costo de energía, pérdida mediante ajustes a la facturación y regularizando los servicios de energía eléctrica en áreas de conflicto social con la intervención de autoridades competentes y acercamiento a la comunidad con el apoyo del área de vinculación social. (Fuente: La Jornada)
