CHETUMAL, MX. – Para disminuir el gasto en imagen institucional que se genera con el cambio de administraciones, y poder redireccionarlo a programas o actividades que tengan beneficio para los quintanarroenses, el Congreso del Estado de Quintana Roo expidió la Ley de Imagen Institucional del Estado, mediante la cual se establecen lineamientos y criterios para regular el uso institucional de la imagen de los entes públicos.
Con esta nueva ley se busca que en Quintana Roo, en la administración estatal y en los municipios, así como en los órganos autónomos del Estado se evite el uso de colores y logotipos que identifican a partidos políticos.
En tribuna, la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y promotora de la iniciativa, aseguró que la ley está encaminada a regular y reducir el gasto público por concepto de imagen institucional, estableciendo lineamientos para que cada administración sólo pueda utilizar como logotipo oficial el escudo de Quintana Roo y los colores que den identidad institucional a los edificios públicos.
“Lo que se pretende es fortalecer la identidad institucional, sin tener que cambiar cada seis o tres años de logotipo, colores y en algunos casos, generando desperdicio de papelería y otros suministros”, agregó.
El presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, responsable de dictaminar esta iniciativa, Eduardo Martínez Arcila, consideró que esta norma pone a la vanguardia al estado de Quintana Roo primero en la idea de evitar gastos innecesarios para el cambio de imagen en cada administración y también se evita que, desde las responsabilidades públicas, los presidentes municipales, los titulares de los órganos autónomos, así como el titular del Ejecutivo estatal, puedan aprovechar las circunstancias para promover a un partido político identificado con un color.
Recordó que Quintana Roo ha padecido medidas de este tipo en donde absolutamente todo se pintaba de un color, incluso contraviniendo otras normas, como ocurrió con los pasos peatonales o banquetas en donde en lugar de usar los colores determinados por la ley, blanco o amarillo, se utilizaba otro, mismo que era usado hasta para pintar los topes en la vía pública.
El nuevo ordenamiento establece lineamientos claros tanto al Gobierno del Estado, ayuntamientos, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, a acotar la aplicación de recursos que se empleaban para el cambio de color de fachadas, de logotipos en edificios públicos, en la infraestructura, así como en los vehículos y papelería oficial.
De igual manera lo establece con los órganos autónomos que utilizan la imagen institucional.
En los artículos transitorios se precisa que esta ley deberá estar cumplimentada de la siguiente manera: el mes de agosto del último año de su administración a los presidentes municipales (2018-2021); al Poder Legislativo en agosto de 2019; el 01 de agosto de 2022 al Poder Ejecutivo; al Poder Judicial el 01 de enero de 2020 y los órganos autónomos el 01 de enero de 2022.
En la sesión ordinaria número 9, también se aprobaron reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General, Ley de Víctimas, Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, Ley de Seguridad Pública, Ley de Salud, Ley Orgánica del Poder Judicial y Código Penal, todos del Estado de Quintana Roo, en materia de armonización con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Con estas modificaciones, se crea un nuevo marco legal eficaz e innovador, que establece los cimientos de la erradicación de la tortura en nuestro estado y de enfrentar las problemáticas institucionales en este ámbito.
Para ello, se creará la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura y del Delito de Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, otorgándole autonomía técnica y operativa, dotándola de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales necesario para el óptimo desarrollo de las funciones encomendadas.
También se estableció la atribución de formular y aplicar un programa estatal para prevenir y sancionar la tortura, se estableció el derecho de las víctimas de estos delitos, a que se les proporcionen las medidas de atención, ayuda, asistencia, así como se les garantice la protección integral y la reparación del daño, entre otras. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
