VERACRUZ, MX.- Un grupo de particulares acusó que autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) han dilatado las investigaciones por el despojo de un predio denominado Santa Fe-Playa Norte, en el que uno de los implicados es el propio fiscal Jorge Winckler Ortiz, publicó La Jornada Veracruz.
El 16 de octubre de 2017, ante la Unidad Integral del Distrito Judicial de la ciudad de Veracruz, los afectados presentaron la formal denuncia, por la que se abrió la carpeta de investigación UAT/0-XV11/3886/17/VER, sin que se hayan realizado averiguaciones después de un año.
El motivo, señalan, es porque Jorge Winckler habría ordenado frenar la integración del caso, toda vez que él es, al mismo tiempo que fiscal del estado, apoderado legal de la sociedad acusada del despojo.
De acuerdo con la denuncia de hechos, tres mujeres (de las que omitimos sus nombres) fueron despojadas a mediados del año pasado de dos lotes con más de 40 hectáreas por parte del Consorcio Intra S.A. de C.V.
Esta es una empresa integradora con objeto en el ramo de la construcción. Es propiedad de la familia Ruiz Anitúa, según consta en documentos del Registro Público de Comercio de Veracruz.
En la denuncia por despojo se advierte que el abogado de Javier Ruiz Anitúa, uno de los accionistas, es el actual fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.
“A mediados del año en curso (2017), el señor Javier Antonio Ruiz Anitúa, en complicidad con su abogado Jorge Winckler Ortiz, se coludieron para apoderarse de del predio, alegando ser dueños de la totalidad del mismo (…) impidiéndole el paso a sus terrenos tanto a mis representadas, las legítimas propietarias de las fracciones 1-D y 2-C como a los demás propietarios”, se lee en la querella.
Otra parte de la denuncia refiere que “cuando se les ha dicho que se les va a denunciar penalmente (a quienes vigilan los lotes), dos personas de nombre Mario Marino Reyes y Onésimo Capistrán Sosa, se burlan diciendo: ‘Metan a la cárcel al Lic. Jorge Winckler, a ver si pueden’, que es el único que los manda y que la única manera de que puedan entrar es si él les da permiso”.
Según la defensa de las personas inconformes, la carpeta de investigación UAT/0-XV11/3886/17/VER se mantiene “congelada” a pesar de la posible configuración de los delitos de despojo, amenazas, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en el que estaría involucrado el fiscal de la familia Yunes.
Lo que es un hecho es que luego de un año, la fiscalía del caso no ha realizado las diligencias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y, por tanto, ha dilatado el ejercicio de la acción penal. (Fuente: La Jornada Veracruz)
