YUCATÁN, MX.- Debido al incumplimiento de la ejecución de la sentencia para suspender definitivamente la granja porcícola de Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), el gobierno de Yucatán y el de Homún podrían ser sancionados con una multa de hasta tres millones de pesos, podrían ser sujetos de inhabilitación del cargo público, además que el Ministerio Público abrirá una carpeta de investigación contra la empresa por desacato a la orden del juez federal e, incluso, el Ejército podría intervenir y cesar las operaciones de la granja, publicó La Jornada Maya.
Esto ocurriría si la juez federal del Cuarto Distrito decide atender la notificación por Incidente de Inejecución de Sentencia, presentado este miércoles por Ka’anan Ts’onot y Equipo Indignación, organización que interpuso el amparo por defender el interés superior de la niñez y la adolescencia en Homún.
Lourdes Medina Carrillo, abogada del equipo jurídico de Indignación, afirmó en rueda de prensa que se presentó la notificación para que la juez cumpla con el apercibimiento por desacato. Reconoció que el gobierno de Mauricio Vila Dosal, la Secretaría de Desarrollo Urbanos y Medio Ambiente (Seduma) y la presidencia municipal de Homún podrían recibir sanciones por incumplir con su parte como autoridad de suspender las operaciones de la granja. La cantidad por la sanción podría ascender hasta los 30 mil días de salario mínimo en la Ciudad de México, casi tres millones de pesos, comentó.
La titular de Seduma, Sayda Rodríguez González Gómez, declaró que “vamos a acatar lo que la juez diga, porque lo conducente es que se juzgue en esos términos”; sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por la abogada de Indignación, la autoridad estatal incumplió con lo que la juez estableció en su sentencia del pasado primero de octubre, y para la cual PAPO y Kekén, tercero interesado, solicitaron prórroga que concluyó el pasado lunes.
Debido a la visita de los diputados locales, se constató el desacato de PAPO, el gobierno de Yucatán y el de Homún, expresó la abogada de Indignación.
Desde el primero de octubre han pasado 38 días para cumplir con lo manifestado por la juez, pero ahora ese desacato es solapado por el Congreso del Estado, manifestó.
Indicó que desde el 11 de octubre, Kekén, a través de Gabriel Antonio Novelo Rosado, manifestaron que son terceros interesados debido a que en el contrato aparceran a PAPO con los cerdos, y en ese documento piden tres semanas para retirar a los animales, las cuales ya se cumplieron. Entre el 16 de septiembre y el 8 de octubre, ingresaron 35 mil cerdos a la granja de Homún, afirmó.
Declaró que el Congreso del estado se comporta de manera arbitraria y política, porque no son parte del juicio de amparo, y ahora se confronta con el Poder Judicial Federal, por lo que será necesario que se esté pendiente de su actuar en materia de leyes y reformas estatales.
Señaló que otras autoridades federales podrían agregarse en futuras fechas al juicio, debido a que la demanda tendrá que ser ampliada en la siguiente etapa, por lo tanto durante la audiencia del 15 de noviembre se espera que sea diferida por falta de información.
José May Echeverría, integrante de la agrupación Ka’anan Ts’onot, afirmó que “los empresarios son más cochinos que los cochinos”.
Acusó a los diputados de desconocer o ignorar la determinación del pueblo de Homún que rechazó la mega granja. Afirmó que el Congreso local insiste en ignorarlos con desdén y desconociendo a los derechos del pueblo maya, por lo que parece que se burlan de la autoridad judicial.
Declaró que han sido víctimas de difamaciones y calumnias de parte de Ricardo Díaz Montes de Oca, representante de PAPO, que les acusó de haber pedido millones de pesos mediante extorsión, por lo tanto May Echeverría exigió que se denuncie a la persona que cometió dicho acto.
Martha Capetillo Pasos, miembro de Indignación, declaró que diputados y gobierno estatal sientan un precedente que arriesga la legislación contra las comunidades indígenas en Yucatán, porque ya Vila Dosal pidió que se cancelara la suspensión a la granja. Entonces, afirmó que se trata de una responsabilidad política y cuestionan la competencia de legisladores y gobierno estatal para actuar en defensa de derechos indígenas y humanos, el medio ambiente y al territorio. (Fuente: La Jornada Maya)
