Al igual que Calderón y Peña Nieto, el plan de seguridad de AMLO descansará operativamente en los militares

Posted on noviembre 15, 2018, 8:47 am
6 mins

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador descansará operativamente en el Ejército, que estará a cargo de su propuesta Guardia Nacional, y prevé “leyes especiales” para el desarme de grupos delictivos a cambio de indultos y amnistías.

También considera la regulación “de algunos” estupefacientes, en sentido opuesto a la “guerra a las drogas”.

Se compromete a erradicar la violación a los derechos humanos por parte del Estado, y respecto a las violaciones del pasado “hacer justicia hasta donde humanamente sea posible”.

La creación de la Guardia Nacional es la principal propuesta operativa del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 que se presentó esta tarde en un hotel de Paseo de la Reforma.

Será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la encargada de reclutar, adiestrar y manejar al nuevo cuerpo, que empezará a integrarse a partir del 1 de diciembre.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que el nuevo cuerpo necesitará “entre 120 y 200 mil elementos”. Los primeros 50 mil se espera que estén en operación en 2021, a la mitad de su sexenio.

El próximo secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, explicó que la Guardia Nacional se integrará, en una primera etapa, por unidades de las policías Militar, Naval y Federal.

Después, por militares del Ejército y la Marina que se quieran sumar, y finalmente por la convocatoria para que se integren hasta 50 mil jóvenes.

Los mandos de la Guardia Nacional saldrán de las escuelas militares, pero el mando general recaerá en el presidente de la República.

Explicó que el país se dividirá en 266 regiones, según su población e incidencia delictiva. Para su equipamiento, despliegue y operación tendrá presupuesto propio, como lo tienen el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.

“OPCIÓN ENTRE INCONVENIENTES”

Después de la explicación sobre la manera en que operará la Guardia Nacional, López Obrador describió como “una opción entre inconvenientes” su decisión de respaldarse en los militares.

“Decidimos apoyarnos en las Fuerzas Armadas y buscar la unidad” para integrar la Guardia Nacional con transparencia, dijo. Y pidió a la bancada de Morena en el Congreso reformar la Constitución para crear el nuevo cuerpo armado.

El coordinador de los diputados, Mario Delgado, garantizó la modificación, luego de decirle al presidente electo que “sus diputados” aprobaron esta madrugada la reforma a la Administración Pública Federal.

López Obrador también sostuvo que la Policía Federal es una fuerza que después de 20 años “no se consolidó” y padece “falta de profesionalismo e integridad”, con sus excepciones.

La Guardia Nacional tiene como modelos la Guardia Civil de España y la Gendarmería de Francia, que dependen de las Fuerzas Armadas, según explicó.

El presidente electo insistió en que dará “un giro gradual” a las Fuerzas Armadas para que no sólo participen en tareas de defensa nacional, sino de seguridad interior y seguridad pública.

El programa, de ocho puntos, fue presentado por Alfonso Durazo Montaño, quien será el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Y además del combate a la corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, y al lavado de dinero, así como el respeto a los derechos humanos, anunció un cambio en la lucha contra las drogas.

En lugar de guerra, propone la regulación de “algunos estupefacientes” y la atención clínica de los consumidores de drogas. Incluso prevé regulaciones especiales para el desarme de grupos delictivos, a cambio reducción de penas, indultos y amnistías.

Aseguró que para la construcción de la paz se hará “lo humanamente posible” para alcanzar la verdad, la paz, reparación y garantía de no repetición”.

También propuso la creación de un Consejo de Construcción de la Paz, con la participación de organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como una reforma para hacer obligatorias las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones estatales.

(Fuente: Proceso)

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