En los tiempos de Francisco Alor, como titular de la Procuraduría General de Justicia, la Policía Judicial detenía a sospechosos de delitos graves bajo cargos de ‘ultrajes a la autoridad”’, en espera de reunir elementos mínimos para fincarle acusaciones más graves como ‘homicidio’ o ‘narcomenudeo’.
Esta práctica fue continuada por sus sucesores, incluido, quien fue el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gaspar Armando García Torres.
Bajo esta misma ‘estrategia’ parecía que la Fiscalía Anticorrupción empezó a detener a ‘borgistas’ y con relación a irregularidades en el manejo de la paraestatal VIP Saesa, en cuyo consejo de administración estaba casi medio gabinete, desde el Secretario de Gobierno, hasta el titular de Sintra, pasando por el titular de Sefiplan.
Pero, resulta que la Fiscalía Anticorrupción solo les fincó cargos con relación a VIP Saesa y no formuló nuevas acusaciones a los integrantes del Consejo de Administración de esa dependencia, quienes tenían otras encomiendas en el Gobierno estatal.
El caso VIP Saesa prácticamente se ha desplomado por ‘prescripción de delito’ y uno a uno los funcionarios acusados en esa carpeta han empezado a ser liberados, pues no hay otras denuncias por el desempeño en sus cargos en el gabinete.
La Fiscalía Anticorrupción terminó haciendo una tarea incompleta y deficiente en todo el caso VIP Saesa y no pudo, no quiso o no supo iniciar nuevas denuncias.
Y los ‘borgistas’ están felices.
