Por Julio César Solís / Foto: Gonzalo Zapata
CANCÚN, MX.- Con el respaldo de regidores de Morena de la pasada administración y con la complicidad del actual Ayuntamiento, este jueves 3 de enero inició la prórroga por 10 años más a las empresas Turicún, Autocar, Maya Caribe y Bonfil, concesionarias de transporte público en Benito Juárez.
La extensión fue aprobada el 4 de septiembre de 2018, a propuesta de un grupo de regidores de Morena y que con el nuevo gobierno de Mara Lezama no tuvo un seguimiento legal, motivo por el cual los transportistas promovieron un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito bajo el número de expediente 741/2018, el cual se encuentra en proceso de resolución.
Aunque el asunto no fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POF), luego que el Acuerdo de Cabildo no fue ratificado en una posterior sesión, la ampliación de las concesiones a Turicún, Autocar, Maya Caribe y Bonfil, entró en vigor este jueves, tras concluir el anterior periodo de una década ayer miércoles 2 de enero.
La extensión fue aprobada el 4 de septiembre de 2018, a propuesta de un grupo de regidores de Morena y que con el nuevo gobierno de Mara Lezama no tuvo un seguimiento legal, motivo por el cual los transportistas promovieron un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito bajo el número de expediente 741/2018, el cual se encuentra en proceso de resolución.
En la Cuadragésima Octava Sesión de Cabildo del 4 de septiembre de 2018, con 12 votos a favor y 4 en contra, incluido el del ex alcalde Remberto Estrada Barba, fue avalado el dictamen para extender por 10 años las concesiones de transporte público urbano de ruta establecida.
El documento fue impulsado por Antonio Meckler Aguilera, ex concejal de Morena y ex coordinador de campaña de la actual presidente municipal Mara Lezama Espinosa, así como por lo regidores morenistas Julián Ramírez Florescano (actual director de Educación municipal) y Reyna Durán Ovando.
Durante esa sesión, Remberto Estrada criticó el servicio de las compañías transportistas y aseveró que el dictamen no tuvo el procedimiento adecuado, además de que fue consensuado al vapor.
“El procedimiento que se llevó a cabo para este dictamen no fue el adecuado dado que no se citó a la presidencia de la comisión de Transporte y no se consensuó debidamente. Es un documento consensuado al vapor”, aseguró en ese momento.
En tanto, Antonio Meckler justificó el actuar del Cuerpo Colegiado y dijo que el objetivo de no avalar la prórroga era permitir la entrada de empresas como ADO y TENA.
El 10 de septiembre los entonces regidores electos Humberto Aldana, Anahí González, Paola Moreno y Clara Díaz, de Morena, así como Lorena Martínez Bellos, del PT; externaron su rechazo a la extensión de las concesiones e, incluso, pidieron la intervención del Congreso del Estado.
“Manifestamos nuestro profundo rechazo a la aprobación del dictamen para aprobar la concesión de transporte público en Benito Juárez a más cuatro empresas que actualmente brindan el servicio”, puntualizaron.
Y agregaron “hacemos un llamando a las y los diputados de la XV Legislatura para que no se conviertan en cómplices y den revés al dictamen aprobado por el Cabildo de Benito Juárez”.
Recomendación del Congreso para revocar concesiones que fue calificada como ambigua por el Ayuntamiento
El 24 de octubre, la XV Legislatura del Congreso local, aprobó por unanimidad una recomendación al Ayuntamiento de Benito Juárez para revocar la ampliación de las concesiones.
El diputado independiente, Emiliano Ramos Hernández explicó que la intención de la solicitud es que la autoridad municipal elaborara un estudio sobre la calidad del servicio de pasajeros en Benito Juárez con lo que se abre la posibilidad de aprobar una nueva licitación.
Afirmó que la calidad del servicio es mala, además de que las tarifas son caras para los ciudadanos, aunado al hecho de que no se respetan los descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Tras la notificación por parte del Congreso del Estado, el 29 de octubre, el secretario general de la comuna, Jorge Aguilar Osorio, consideró ambigua la solicitud, ya no que no detalla la causa por la que fue rechazado el documento del anterior gobierno municipal, empero, indicó que es una oportunidad para hacer una mejor labor.
“Me parece un poco ambiguo lo que nos piden, nos piden una revisión, pero no nos dicen específicamente por qué creen que está mal; la intención no es crear conflicto, no es trabarnos en un pleito jurídico con el Congreso”, precisó.
Y añadió “vamos a tomar esta decisión del Congreso como una oportunidad de hacerlo mejor, de trabajar de la mano con el estado, con el Instituto de Movilidad “.
Alcaldesa deja entrever continuidad de las cuatro empresas
El 29 de noviembre pasado, al ser cuestionada sobre el futuro del transporte público en Benito Juárez, la presidente municipal, Mara Lezama Espinosa, aseguró que trabajan con las cuatro empresas en busca de que se ofrezcan mejores servicios a los usuarios.
Las pláticas, dijo en esa entrevista, continúan, para que el servicio de transporte público sea de calidad, que los camiones presenten extraordinarias condiciones, incluso con servicio de WiFi, así como cámaras de seguridad e incluso que el cobro comience a realizarse a través de tarjetas como ya ocurre en otras partes del país y del mundo.
Sin embargo, subrayó que el Ayuntamiento debe aguardar la sentencia en el juicio de amparo.
“Hay un amparo y tenemos que esperar, la autoridad nos dice que tenemos que esperar a que pues el proceso del amparo y en ese tenor estamos esperando la resolución… lo tienen los abogados entre sus manos, el departamento jurídico”, expresó.
Actualmente, las tarifas de transporte público urbano son de 10 pesos para zona urbana y 12 pesos para zona hotelera. (Noticaribe)
