YUCATÁN, MX.- El gobierno estatal denunció que, tras revisar casi dos mil carpetas del proceso de entrega-recepción de la administración anterior, se detectaron faltantes por aproximadamente 533 millones de pesos en varias dependencias, publicó Proceso.
Por ello, anunció que el próximo 14 de enero se interpondrán seis denuncias ante los organismos fiscalizadores correspondientes.
En una conferencia de prensa con motivo de los primeros cien días del gobierno de Mauricio Vila Dosal, las titulares de la Secretaría de Gobierno, María Fritz Sierra, y de la Contraloría Estatal (SCGEY), Lizbeth Basto Avilés, informaron que se preparan otras denuncias por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios y discrepancias administrativas.
Basto Avilés explicó que esas 26 denuncias se están integrando para presentarlas el 14 de enero ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.
Añadió que las irregularidades se detectaron principalmente en las secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y Fomento Turístico, así como en los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSSTEY) y del Deporte (Idey).
También en los institutos de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy) y para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP)y el Hospital Comunitario de Peto.
Como ejemplo, expuso que en la Secretaría de Educación se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud, no aparecen 260 bienes, entre ellos una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos, mobiliario y equipo administrativo.
Adelantó que están en proceso de revisión e integración de otras siete carpetas de investigación que se abrieron por diversos faltantes e irregularidades financieras en las secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y Desarrollo Social (Sedesol).
Además, en los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de la Obra Pública (Inccopy), así como otras más en la Secretaría de Salud, éstas se extenderían a un monto de 160 millones de pesos.
Resaltó que, adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), derivado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, ordenó iniciar una investigación para fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como Escuelas al Cien, el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Social y de Aportaciones a los Servicios de Salud.
Al respecto, comentó que, de acuerdo con las facultades la dependencia a su cargo, se harán las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las presuntas irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes. (Fuente: Proceso)
