YUCATÁN, MX.- En un hecho inédito desde que se expidió la Ley Estatal del Notariado, en 2011, el gobierno del estado sancionó a 21 fedatarios públicos por irregularidades en el cumplimiento de sus funciones, publicó Proceso.
En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno María Fritz Sierra y el consejero Jurídico Mauricio Tappan Silveira, anunciaron que el gobierno estatal suspendió de manera temporal de sus funciones a dos notarios públicos y cesó a 19 escribanos públicos.
Tras señalar que el gobernador Mauricio Vila Dosal se comprometió a combatir la corrupción y la impunidad, los funcionarios estatales explicaron que los fedatarios fueron suspendidos debido a violaciones cometidas en la tramitología que marca la Ley del Notariado del Estado.
Detallaron que la suspensión de los notarios es temporal, por un lapso de 180 días, pero en el caso de los escribanos públicos es definitiva.
Ambas disposiciones están sustentadas en los artículos 126 y 148 III inciso h) de la mencionada ley.
Durante la conferencia, en la que también estuvo presente el presidente del Consejo de Notarios del Estado, Gonzalo Irabién Arcovedo, Tappan Silveira reveló que los notarios públicos suspendidos son: Carlos Tomás Goff Rodríguez, titular de la Notaría número 97, y Mario Enrique Montejo Pérez, la 74.
Sobre los escribanos públicos que ya fueron notificados y removidos de sus funciones, se trata de José Rafael Hoil Martín, del municipio de Dzitás; Israel Puc Quintal, de Hunucmá; Wilberth Candelario Hau Chan, de Maní; Erlyn Didier Quezada Cutz, de Progreso, y Julio César Rodríguez Santamaría, de Sacalum.
También Andrés Ismael Santana Fraga, de Sotuta; José Ismael Dzul Collí, de Teabo; Carlos Chulim Interián, de Ticul; Carlos Alejandro Jiménez Amaro, de Kanasín, así como Shanué Alejandro Patrón Correa y Guillermo Raúl Tamayo Ramírez, ambos de Mérida.
Los otros son: Nayeli Porras Góngora, de Tixméhuac; Martín Braga Rodríguez, de Sucilá; Jesús Miguel Vázquez Aguilar, de Tahdziú; Lizardo Jesús Castro Ramos, de Calotmul; Silvia Gabriela Pech Hernández, de Muxupip; Brígido Celis Pool, de Motul; Albert Yadir de Jesús Córdova López, de Ucú, y Álvaro de Jesús Chan Loría, de Chemax.
Los ciudadanos que tienen pendientes trámites u otros documentos con estos fedatarios no sufrirán inconvenientes, ya que la ley prevé procedimientos a seguir. Y aquellos que requieran de más información al respecto pueden acudir al Archivo Notarial, a la Consejería Jurídica o al Consejo de Notarios del Estado de Yucatán para conocer las diversas soluciones.
En el mensaje que dirigió desde el Salón de la Historia del palacio de gobierno, el consejero jurídico destacó que con estas medidas se busca garantizar seguridad patrimonial a los ciudadanos, al evitarse fallas y omisiones que pudiesen perjudicarlos.
Tappan Silveira resaltó que el gobierno del estado, junto con el Consejo de Notarios, verificará que todos los fedatarios suspendidos no sigan realizando funciones, y vigilará el cumplimiento de la ley “con el firme compromiso de combatir la impunidad”.
De igual manera, destacó la importancia de los notarios y escribanos públicos para la sociedad y el estado de Derecho, y por ello –advirtió– “el gobierno del estado no puede permitir que la violación a la ley de algunos manche la labor y la imagen de los fedatarios en Yucatán, a quienes reconocemos su prestigiada labor”.
Adelantó que, con la colaboración del Consejo de Notarios, el gobierno estatal creará nuevos mecanismos y procesos para evitar faltas y fallas en el ejercicio de los fedatarios.
“También se les brindarán herramientas, tanto a notarios como a escribanos, para que puedan cumplir mejor sus funciones”, añadió.
Por su parte, Fritz Sierra afirmó que la actual administración estatal tiene el firme compromiso de hacer cumplir la ley y proteger a todos los ciudadanos yucatecos.
“Una forma de honrar el compromiso del estado con la sociedad y a la vez robustecer la labor que realizan la mayoría de los fedatarios, es la de no permitir que algunos de ellos, que han infringido la ley, continúen en su labor sin sanción alguna, y por ello deben responder a sus conductas”, puntualizó.
En los últimos años, medios locales han denunciado las operaciones de una mafia inmobiliaria que, en complicidad con notarios públicos y autoridades, despojó de su patrimonio a muchas familias en la entidad. (Fuente: Proceso)