CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La estrategia del gobierno federal de enfrentar la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) e impedir el huachicleo es correcta, inédita y necesaria, a fin de combatir un mal social de alto impacto económico, publicó La Jornada.
El doctor en ciencia política y especialista en seguridad nacional, Jorge Lumbreras Castro, aseveró que con esta acción “se le rompió el espinazo a la estructura delincuencia asentada sobre la extracción ilegal de los hidrocarburos de la paraestatal. El saqueo era desde las plataformas, refinerías, así como utilizar tres veces la misma factura para recargar la pipa de combustible y decir que solo era una entrega”.
Por separado, Julio Jiménez, analista jurídico y experto en el tema indicó que el combate al huchicoleo “es la cola del dragón. La cabeza está en el sindicato, funcionarios y ex empleados principalmente de las tres administraciones pasadas. Si bien es cierto que las autoridades trabajan de manera responsable para garantizar el suministro de gasolina, tienen el firme compromiso de contener la delincuencia organizada y ante este delito, la sociedad civil debe ser más responsable y respetuosa del marco legal”.
Lumbreras Castro, también académico de la UNAM, indicó que el robo de combustible equivale a cinco veces el presupuesto de la máxima casa de estudios en un año, afecta de manera directa en el presupuesto que podría ser destinado a educación, salud, seguridad social o programas en beneficio de comunidades.
Dijo que los resultados del combate a “este flagelo” ha sido a corto plazo y han evitado de manera sustancial el hurto a tuberías. “El éxito es en tres planos: la intervención de instalaciones petroleras donde se localizaron ductos clandestinos que iban a un punto determinado para robar combustible; la intervención de las cuentas y actores relacionados con recursos que se obtenían con la venta de manera ilegal y retomar el control de la paraestatal.
“Lo anterior es un gran triunfo en beneficio de la ciudadanía, porque se había creado una economía paralela, que implicaba un negocio articulado para surtir establecimientos y en el cual estaban implicados gasolineros, contadores, abogados y funcionarios, estamos hablando de una red extendida que estaba robando. La cuestión de la tomas clandestinas en ductos va a tomar un poco más de tiempo, es a mediano plazo, no se pueden abandonar, se utilizarán de manera racional y cuidada porque la delincuencia organizada no se ha quedado con los brazos cruzados, invierte en sabotajes y en sus bases sociales de apoyo para generar una imagen negativa del gobierno federal, se necesita la operación de la Guardia Nacional y que este delito se considere grave.
Los expertos coincidieron que los ciudadanos tiene una responsabilidad mayor cuando se dan situaciones de riesgo, como la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ya que si no acatan indicaciones de fuerzas armadas o policías federales ponen en riesgo su integridad física. (Fuente: La Jornada)
