Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Los sujetos obligados a proporcionar información al ciudadano sobre el manejo de los recursos públicos están abusando de la clasificación y reserva de los datos cuando deben partir de la premisa de que es pública y abierta, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, durante el primer encuentro nacional de Transparencia Legislativa.
Al presentar su disertación “Perspectiva legal de la importancia a responder las solicitudes de información de manera fundada y motivada con vista al recurso de revisión y amparo”, afirmó que la información respecto al manejo de recursos públicos que hace el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial debe estar disponible para la sociedad “y en sólo determinados casos debe ser considerada reservada”.
Ante la presencia de legisladores locales, integrantes de órganos autónomos garantes del acceso a la transparencia, especialistas y representantes de diversas organizaciones, afirmó que es mucho mejor que los sujetos obligados pongan a disposición de la ciudadanía toda la información “porque en muchas ocasiones la tienen pero no la quieren entregar”.
Reconoció que hay discrepancias en cuanto a las publicaciones y los criterios respecto a las versiones públicas de la información cuando se debe aplicar consideraciones respecto al interés público “y en muchas ocasiones los sujetos obligados clasifican la información como reservada sin una fundamentación y motivación”.
A la gente no sólo se le debe decir en qué artículos se fundamenta la ley para reservar o clasificar la información para no entregarla sino que debe explicarle y aplicar la prueba de daño desde la respuesta inicial, afirmó. No debe esperar diez días sino que la información debe estar publicada en las páginas de internet.
Guerra Ford afirmó que los sujetos obligados deben partir del hecho de que toda la información es pública y basados en el principio de máxima publicidad ya que hasta el momento lo hacen al revés y desde un principio establecen que es reservada “y analizan qué es lo que se puede hacer pública”.
Detalló que entre la información que puede ser reservada de manera temporal es la relativa a juicios en proceso o que se refiera a particulares que pueda poner el riesgo su privacidad, aunque se puede proporcionar información testada cuando se trata del manejo de recursos públicos.
Afirmó que los sujetos obligados no fundamentan de manera correcta sus respuestas al negar una información y como ejemplo citó la solicitud de información respecto al número de escoltas que tiene un funcionario “y por lo general niegan la información con el argumento de poner en riesgo la seguridad nacional cuando en realidad debe ser el riesgo que representa para el funcionario que se conozca el número de elementos que dispone para su seguridad por el tipo de encomienda que realiza”.
Recomendó a los funcionarios no ver como un enemigo al ciudadano que pregunta y que si los sujetos obligados no quieren que aumente el número de preguntas simplemente publiquen toda al información en las páginas de internet.
Dijo que en el periodo de 2008 al 2017, el incremento de solicitudes de información en México fue de 128%. Hoy en día, nuestro país tiene 836 mil solicitudes de información al año, por encima de países como Inglaterra que no pasan de las 100 mil y de Estados Unidos, cuya cifra ronda por las 400 mil. Sin embargo, el contar con un mayor número de solicitudes de información no significa mayor transparencia, ya que el incremento en esta cifra puede estar relacionada con las dificultades de acceso a la información pública en los portales de transparencia de los sujetos obligados.
De ahí que en México se realicen un millón de solicitudes de acceso a información al año, registrando un promedio de preguntas por solicitud de entre 5 y 6, es decir, se tienen 6 millones de preguntas anuales.
Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que, es importante que no se apague la voz de la sociedad civil organizada, que ayudó a la germinación del legítimo derecho que tienen las personas a reclamar espacios de apertura y diálogo y porque “es una voz que ilustra y ayuda a abrir puertas en la democracia”.
Acuña Llamas consideró que la mejor manera de honrar al poder constituido es no olvidar que en el parlamento abierto palpita la sociedad representada, “la única manera de domesticar al poder es que tenga contrapesos. Que no se pierdan los ímpetus y que el Parlamento Abierto se vuelva, junto con la sociedad civil, también un contrapeso”. (Noticaribe)
