CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Con una doble nómina para pagar a personal de consultoría y administrativos se ha realizado los pasados cinco años la construcción del Tren México-Toluca, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, acusan trabajadores de la obra, publicó La Jornada.
El presupuesto del tren ha crecido 80 por ciento respecto del monto original y se continúa postergando la fecha de entrega. En el proceso participa un entramado de empresas, sin que se defina su relación laboral, que muestra operaciones de traslado de fondos, según información en poder de La Jornada.
Un documento membretado por Grupo Intermex, que enlista a 162 trabajadores, asienta remuneraciones entre dos y cinco veces más altas que las que al final llegaron en recibos de pago a algunos empleados por conducto de las compañías Adper, hasta abril de 2018, y Esespa.
Encargados del consorcio afirman que la diferencia se debe a que una es la factura, lo que se estima de cobro a la dependencia federal por cada trabajador, y otra lo que en realidad se paga a los empleados.
Por ejemplo, la nómina con el costo estimado por Intermex asciende a 7 millones 874 mil 320 pesos para 162 trabajadores. Ésta indica que a un empleado se pagaron por 22 días alrededor de 40 mil pesos, mientras las remuneraciones “reales”, según el recibo de nómina de Adper, no rebasaron 20 mil. Ello incluye las deducciones de impuesto sobre la renta (ISR), Infonavit, Seguro Social y otras prestaciones que, a final de cuentas, terminaron en un sueldo efectivo de poco más de 10 mil.
Otro caso: un salario asciende a 111 mil pesos en la estimación y en el recibo ronda 40 mil.
Hay tres personas que avalan los costos del personal: Fernando Perales Ramírez, ejecutivo de cuenta de Intermex Comercializadora. Al pie de su nombre dice: “valida”. Heriberto Barrón Sanabria, subdirector de recursos humanos, quien autoriza, y Víctor Silva Chávez, director de tarifas. Estos últimos, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal (Dgdfm). Los dos llegaron con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Gerardo Ruiz Esparza, y se mantienen en sus cargos, asegura la dependencia.
Manuel Gómez Parra, director general de Transporte Ferroviario de la SCT, dice que sólo ubica a Esespa en la relación laboral. “Nosotros pagamos las estimaciones al consorcio y el manejo interno es algo de las empresas, pero de acuerdo con los términos de la propuesta que presentaron en el concurso. Así se está pagando”.
En el contrato Dgdfm-17-14, primero mediante el cual Intermex y cinco empresas más repartieron las funciones de contratación, se detalla que la Dgdfm pagaría entre 226 millones de pesos y 330 millones en el periodo 2014-2017. Con los documentos revisados, siendo la constante disparidades de por lo menos la mitad del salario, se estima que costó al gobierno 150 millones sólo la gestión de personal.
Un ex trabajador que no aceptó publicar su nombre afirma que la corrupción sale de cada piedra que se mueve para ese elefante blanco. En el pago de predios y en el uso de trabajadores para realizar proselitismo en la antesala del proceso electoral de 2017 en el estado de México.
Otro, aún en activo, admite que la venta que hizo Intermex de perfiles profesionales en 2014 “es una farsa”. La convocatoria que lanzó la empresa de subcontratación se basa más en recomendaciones y palancas. “Es mi caso”, reconoció; pero también se quejó de la falta de derechos y de finiquitos por sólo 4 mil pesos, pese a trabajar en esa obra desde 2014.
Les preocupa el tema fiscal, porque los salarios que recibieron son más bajos de los incorporados por Intermex en su cotización.
“Todo se amarra con Hacienda”, explica al respecto Fernando Perales Ramírez. Se incluyen todas las prestaciones. “Ahí se tiene que pagar ISR, Seguro Social, Infonavit y Afore. La empresa paga todo eso cada mes, cada bimestre. No se deja de cubrir eso”, asegura.
Felipe Méndez López, trabajador de Intermex, quien también firma documentos como” gerente de atención a clientes” de Adper, comentó que la disparidad en la nómina, de casi 8 millones de pesos, no son costos inflados, porque se parte de un “proyecto integral”. (Fuente: La Jornada)
