VERACRUZ, MX.- Ante el surgimiento de nuevos testimonios que refuerzan la teoría de que en el interior del centro de Readaptación Social de Coatzacoalcos “Duport Ostión” se halla una fosa clandestina con más de 40 cadáveres, la titular de la dirección para la Paz de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Mayra Ledezma Arronte, solicitó a la Comisión Estatal de Búsqueda investigar la veracidad de la información, publicó Proceso.
Ledezma Arronte explicó que, a raíz de la información publicada en el periódico digital Blog Expediente y retomada por otros medios locales en el sentido de que dicha prisión habría sido utilizada como cementerio clandestino, se solicitó al comisionado Geiser Caso Mollinari que se traslade al sur del estado y entregue un reporte puntual de esa situación.
“Estamos esperando que nos proporcione un informe del caso. También fue personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y estamos esperando noticias.
Ledezma negó conocer la existencia de un mapa anónimo proporcionado por colectivos de desaparecidos y que diera pie a la presunción de un nuevo cementerio clandestino, ahora, dentro de un centro penitenciario.
“Las averiguaciones corresponden a mi cargo, que justamente tiene que ver con la atención para víctimas. No sé cuál es el procedimiento que por ley corresponde para buscar dentro de una cárcel un cementerio clandestino, pero lo que hay que hacer, se hará; supongo que por oficio se tiene que hacer”, dijo.
De ser cierto –apuntó Ledezma– sería gravísimo que un espacio público del gobierno hubiera sido utilizado como panteón clandestino del crimen organizado.
“Las fosas clandestinas son el cáncer de Veracruz, pero ahora sería mucho más grave para la entidad que, hasta en los lugares que forman parte del sistema de seguridad del estado, también se ocupen para este tipo de acciones”.
Ledezma deslindó que será responsabilidad del gobernador, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, o del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, dar a conocer los avances en esta diligencia realizada a través de una denuncia anónima realizada en un medio de comunicación.
En Veracruz, durante 2017 y 2018, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado recorrió –junto con familiares de desaparecidos– los Centros de Readaptación Social de la entidad, buscando pistas sobre sus seres queridos. En dichos operativos, realizados en secrecía, apenas surgió como rumor el hallazgo de posibles fosas en la Academia de Policía de El Lencero, ubicada en Emiliano Zapata.
Durante aquellas diligencias de búsquedas, nunca afloró la existencia de un posible cementerio clandestino en el penal de Coatzacoalcos.
Hoy por la mañana, en el interior del Colegio de Veracruz, se reunieron colectivos de desaparecidos, personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y funcionarios estatales con el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez.
Éste admitió que las autoridades han sido incapaces de proporcionar seguridad a los ciudadanos con investigaciones profesionales en el tema de desaparición de personas.
“A tal grado en que los mismos familiares de las víctimas han tenido que realizar las búsquedas de sus desaparecidos. A veces las autoridades nos tendríamos que poner en los zapatos de las víctimas”, dijo.
Durante la presentación del Informe Temático 01/2019: “El Sistema Estatal de Atención a Víctimas en el Estado de Veracruz. El Derecho a la Reparación Integral para las Víctimas, en especial para víctimas de desaparición y desaparición forzada”, González Pérez expuso que tanto autoridades municipales y estatales han sido incapaces de dar una respuesta al legítimo reclamo de justicia de las víctimas.
“Insisto, con el hecho de que los familiares de las personas desaparecidas realicen búsquedas demuestra la incapacidad de las autoridades”.
El titular de la CNDH admitió que en México aún hay problemas estructurales en materia de seguridad pública, procuración de justicia e investigaciones técnico-científicas, pues dijo que en el país no se ha logrado otorgar garantías de no repetición para las víctimas y sus familiares.
“Un exhorto para que los actores políticos que tienen que ver con el tema se articulen, que las diferencias políticas se superen; las diferencias políticas no deben estar por encima del legítimo reclamo de los familiares del acceso a la justicia”, dijo. (Fuente: Proceso)
