Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- El grupo de 21 maestros que obtuvo el pasado 1 de abril el laudo para ser reinstalados en sus puestos, tras ser despedidos de manera injustificada por oponerse a la evaluación establecida en la reforma educativa, denunció un contubernio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje con la Secretaría de Educación que ha impedido que se cumpla con el mandato federal y también se cubra el pago total por el tiempo que estuvieron fuera de aulas.
Confirmaron que interpusieron ante el primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en Quintana Roo un escrito, mediante el cual detallan las inconsistencias del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Jorge Reyes Flores, uno de los maestros que fueron beneficiados con el laudo para ser reinstalado, afirmó que hasta el momento la secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez Jiménez no ha tenido ningún acercamiento con ninguno de los 21 maestros para especificar el esquema que permita la reinstalación, el pago de salarios caídos y demás prestaciones generadas desde el momento en que fueron separados del cargo.
Reconoció que a diferencia de cuando fueron despedidos, el laudo emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no establece domicilio de ninguno de los 21 maestros para que puedan ser notificados por la autoridad educativa. Además, el laudo exime a los servicios educativos de Quintana Roo a cubrir el pago de material didáctico, prima quincenal por años de servicio, asignación docente genérica, ayuda de despensa, ayudas alimenticias, rentas, previsión social múltiple, estimulo por aprovechamiento escolar y vida cara, complemento a la despensa (D9), apoyo para desempeño curricular (DC) y gratificación especial por fin de año.
Según el Tribunal de Conciliación y Arbitraje esta prestación resulta improcedente en virtud de que son prestaciones extralegales, ya que quien alega el otorgamiento de una prestación extralegal debe acreditar en el juicio de su procedencia demostrado que su contraparte está obligada a satisfacer la prestación que reclama.
Reyes Flores aseguró que las prestaciones de las que fue eximida la autoridad de los servicios educativos están contempladas en sus talones de pago.
Asimismo, dijo que el Tribunal de Conciliación y Cometió otras inconsistencias en su laudo, respecto a las fechas en las que fueron cesados de sus cargos, ya que en algunos casos establece que fue desde el 2011 y en otros desde el 2016 lo que ha impedido que se cumpla con la reinstalación y el pago de salarios caídos y demás prestaciones acumuladas.
Reiteró que hasta el momento no hay fecha para que puedan ser reinstalados con la misma clave que poseían al momento de ser separados de sus cargos frente a aula y en los mismos lugares. (Noticaribe)
