“Tendría que iniciar un procedimiento basado en una determinación de CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado), a una determinación que pudiera hacer el Congreso del estado y, a lo mejor el Ayuntamiento tendría que ser partícipe, pero esa sería una estrategia legal que se tendría que revisar”, expuso.
Aseguró que la revocación del contrato de concesión implica “forzosamente hablar de términos legales” y que quienes se encargan de de dar o renovar las concesiones “no dejan en los contratos una protección para el gobierno”, por lo que cuando se quieren rescindir estos convenios, los municipios tienen que pagar elevadas penas.
Incluso calculó que la penalización en caso de romper el convenio sería de alrededor de mil millones de pesos, más el proceso administrativo.
Recordó que en 2014, cuando él era diputado local y se analizaba la extensión de la concesión de Aguakan, se pidió que se realizara una concesión abierta para que entrarán otros participantes “porque tiene muchos años que no está cumpliendo lo que los ciudadanos necesitan”.
Sin embargo, Aguilar Osorio afirmó que ahora, al menos la empresa ha colaborado con el gobierno local para solucionar las demandas de los habitantes del municipio.
“A pesar de esto, tengo que decir que hemos estado trabajando en coordinación, que ha habido disposición de la gente de Aguakan en fechas recientes de trabajar en conjunto y de resolver temas que no sólo son de ellos, sino de algunos desarrolladores que dejaron inconclusas las obras”, dijo.
Cito el caso de InHouse, el fraccionamiento donde se empezaron a rebosar las aguas negras y donde Aguakan “no ha podido intervenir por ser un terreno particular, pero ha estado en disposición de solventar con otros actores este problema”.
El secretario del Ayuntamiento consideró que la revocación de la concesión a Aguakan es un “tema bastante trillado” que debe manejarse con más seriedad y sin utilizar banderas políticas, ya que este tema es un reclamo ciudadano que data de hace muchos años. (Noticaribe)
