TABASCO, MX.- Dos organizaciones campesinas e indígenas alistan marchas de protesta y repudio en contra de la “Ley Garrote” que este primero de agosto entra en vigor, aprobada por el Congreso local a iniciativa del gobernador morenista, Adán Augusto López Hernández, publicó Proceso.
Armando Dorantes, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía e integrante del Frente Sindical Campesino, Indígena, Social y Popular de Tabasco, dijo que “hay que ser muy cínico” para afirmar que las reformas al Código Penal de Tabasco (CPT) no violentan derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de manifestarse, ya que “abre el camino al fascismo y la criminalización de la protesta social”.
En rueda de prensa de la organización, que agrupa también a telefonistas, informó que el próximo sábado 3 realizarán la primera marcha para manifestarse en Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, en contra de la “ley garrote” y, posteriormente, acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para pedir que promueva una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Lisandro Osorio Jiménez e integrante del Frente Auténtico del Campo, también en rueda de prensa anunció protestas para el próximo jueves 8 con el mismo propósito y exigir que se dé marcha atrás en las reformas al CPT “que busca reprimir al pueblo”.
Por su lado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Luis Alberto Rodríguez Luna, dijo que “la Ley Antiextorsión” había sido “un clamor” del sector privado desde hace años.
Achacó que por extorsiones de “pseudosindicatos” no se han logrado detonar las inversiones en Tabasco.
La delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), secundó y celebró que se busque castigar a pseudosindicatos extorsionadores.
“Sancionar a quienes extorsionan, coaccionan y violentan fuentes de ingreso, en ningún momento significa coartar la libertad de expresión o de manifestación”, precisa el organismo en un comunicado.
Resalta que el sector de la construcción, “está cansado de ver el trabajo interrumpido por supuestos sindicatos que cierran los pasos, piden sobornos e incluso violentan los equipos de las empresas o amenazan al personal”.
En tanto, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) analiza expulsar a su coordinador parlamentario, Agustín Silva Vidal, por votar en favor de la “ley garrote”, así como al otro legislador del sol azteca, Ricardo Fitz Mendoza, ambos exfuncionarios del gobierno de Arturo Núñez.
Javier López Cruz, representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), acusó a Silva y Fitz de “escorias” y “serviles” del gobernador Adán Augusto López Hernández.
“Agustín Silva está cuidando sus espaldas, fue secretario en el gobierno de Arturo Núñez, una de las administraciones señaladas de corrupción, entonces lo que está haciendo es cuidar que se apruebe la cuenta pública al exgobernador, ese es el motivo por el que siempre estará al servicio de Morena en el Congreso”, acusó.
Silva Vidal y Fitz Mendoza fueron, respectivamente, titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía, Recursos Naturales y Protección al Ambiente (Sernapam), ambas desaparecidas en el actual gobierno.
Los dos han sido señalados de haber “saqueado” las dependencias que presidieron e, inclusive, a Fitz Mendoza se le documentó y posteriormente aceptó haber comprado “a crédito”, un lujoso penthouse en 8.5 millones de pesos, en un edificio ubicado en Paseo Tabasco, frente a la laguna de Las Ilusiones, la zona más costosa y emblemática de Villahermosa.
La cuenta pública 2018, último año del sexenio nuñista, aún está pendiente de ser aprobada o reprobada en la Cámara de Diputados donde Morena tiene mayoría.
Al respecto, el dirigente estatal del PRD, Darvin González Ballina, dijo que será la Dirección Nacional Extraordinaria del partido la que aplique las sanciones correspondientes a ambos diputados, así como también a la legisladora Patricia Hernández Calderón que también votó en favor de la “Ley Garrote”.
Mil 800 elementos del Ejército y GN vigilarán refinería de Dos Bocas
El comandante de la 30 Zona Militar, Pedro Escalera Cobián, dijo estar de acuerdo con la reforma del CPT que “ayudará” a mejorar en materia de seguridad, combatiendo la extorsión.
Informó que la semana pasada se reunió con el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, con quien definió acciones para combatir el robo de hidrocarburos y proteger instalaciones petroleras.
Reveló que, por ello, mil 800 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional vigilarán la zona dónde se construirá la refinería de Pemex en Dos Bocas, municipio de Paraíso. (Fuente: Proceso)
