CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Es inválido el decreto que declara a Yucatán como zona libre de organismos genéticamente modificados (OGM) comúnmente conocidos como transgénicos, emitido en 2016 por el gobierno estatal, según ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó El Financiero.
En su sesión de este martes, por siete votos contra dos, el alto tribunal del país determinó la invalidez de la medida por tratarse de una competencia federal, y aclaró que se exhortará al Gobierno de México para que dé respuesta a las solicitudes presentadas por diversas comunidades de Yucatán para declarar zonas libres de estos cultivos.
“Ello al determinar que de acuerdo con el sistema federal establecido en la Constitución General, corresponde a la federación regular la materia de bioseguridad, así como distribuir competencias en favor de las entidades federativas”, señala el comunicado de esa instancia.
El ministro ponente José Fernando Franco González Salas expuso el marco jurídico que atribuye la responsabilidad a las autoridades federales para esta decisión.
“Se sostiene que, conforme al artículo 90, fracción II, de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, correspondía originalmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), hoy Secretaría de Agricultura y Derecho Rural, determinar las zonas libres de organismos genéticamente modificados previo dictamen de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, y opinión de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, para lo cual debía tomar en cuenta lo establecido en las normas oficiales mexicanas relativas a los productos agrícolas orgánicos”, detalló el minsitro durante la sesión del lunes.
En la discusión, el ministro Luis María Aguilar acotó que la decisión de invalidar el decreto se tomó en función de la competencia para determinar zonas libres de OGM, pues no se busca comprometer la bioseguridad ni la salud de las comunidades.
“Aquí –como lo entiendo– es que estamos determinando sólo quién es el facultado, quién tiene la competencia para pronunciarse respecto de la medida que se está impugnando en este sentido (…) y sólo estamos planteándonos –según lo entiendo– la cuestión competencial de las autoridades. Por eso, quisiera dejar muy clara mi posición de que no me opongo a que se tomen estas medidas, sólo estamos diciendo a quién le corresponde tomarlas”. (Fuente: El Financiero)
