Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- A 16 meses que el gobernador Carlos Joaquín González entregara, en un evento público, un cuadernillo elaborado por la Secretaría de la Contraloría que contiene el código de ética, código de conducta y las reglas de integridad para el servicio de la función pública a servidores, no se ha podido poner en práctica, ya que se encuentra en proceso de modificación, aunque se espera que, previo a la validación y aprobación de los órganos internos de control de las dependencias estatales, municipales y organismos autónomos, sea implementado en enero próximo.
El secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal reconoció que después de la emisión del documento estatal, en enero de 2018, la Federación emitió las reglas de operación que obligó a un proceso de modificación, a través de la comisión permanente de contralores en el Estado, “quienes trabajan en un modelo en el cual se puedan adherir todos los entes públicos y compartir los mismos principios y valores, lo que facilitaría la valoración de la actividad y desempeño de los servidores públicos”.
Consideró que en septiembre se espera tener el documento final para ponerse a consideración de todos los órganos internos de control de los tres poderes del Estado, los 11 municipios y los órganos autónomos para que finalmente se pueda tener un código de ética y de conflicto de intereses que pueda entrar en vigor a más tardar en enero próximo.
Señaló que los comités de ética y de conflicto de intereses tampoco se conformaron al interior de las dependencias por los cambios ordenados por el gobierno federal, “pero una vez que tengamos el nuevo código quedarán establecidos bajo las nuevas reglas y funcionarán a partir del próximo año”.
Tras la separación del cargo de un actuario del juzgado oral familiar, adscrito al Tribunal Superior de Justicia, por comentarios realizados en su página de Facebook sobre la marcha realizada por mujeres en Ciudad de México, el secretario de la Contraloría afirmó que los trabajadores de las dependencias no dejan de ser funcionarios públicos y deben conducirse con respeto a los derechos humanos. Sin embargo, aclaró que se ha hecho una distinción en relación a las cuentas personales y cuentas institucionales de los servidores públicos y que, en lo personal, considera que en ambos casos se guarde la misma convicción.
“Creo en el respeto y la tolerancia a todas las opiniones. Creo que merece respeto la opinión de cualquiera siempre y cuando, sea dentro de los límites que marca la prudencia, el estado de derecho y las reglas de convivencia, de no agredir o violentar los derechos de cualquier persona en cualquiera de las circunstancias”, afirmó.
Consideró que las expresiones de los servidores públicos no solo son un tema de ética, sino también de convicciones. Indicó que un código de ética se aplica, pero nunca a nivel de censura de la libertad de expresión “porque perdería su esencia, pero el comité debe atender que no haya violencia y que haya respeto en el marco normativo de los derechos humanos”. (Noticaribe)
