CIUDAD DE MÉXICO. – Ante la tendencia creciente de agresiones a defensores de los derechos humanos y periodistas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría verse rebasado en dar garantías de seguridad a esos gremios, debido a la falta de recursos presupuestales y humanos para proporcionar medidas de protección, alertó la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de acuerdo con un reporte de Proceso.
La ONU-DH destaca que, hasta el 10 de julio de 2019, había registrado 13 personas defensoras y siete periodistas asesinados “cifras que indican una tendencia creciente respecto a años anteriores”.
Cabe recordar que, hasta el 2 de agosto, se sumaron cuatro homicidios de periodistas.
El diagnóstico expone algunas de las fallas del instrumento, creado en 2012 para atender la violencia imparable contra periodistas y defensores, muchas de ellas denunciadas por los propios integrantes del Mecanismo, y que hasta la fecha no han sido superadas, como el tema presupuestal.
Al referirse a la “insuficiencia de recursos económicos y materiales para garantizar la operación adecuada del Mecanismo”, el documento señala que, de acuerdo a las previsiones de la Segob, el número de beneficiarios para finales de 2019 será de mil 131 personas, lo que implica que “el gasto asociado será de 325 millones de pesos”, 117.4 millones de pesos más que lo que le fue asignado para este año.
El Diagnóstico resalta que el presupuesto asignado para este año, de 207.6 millones de pesos, era muy inferior a lo canalizado en años anteriores, y corresponde “al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017”.
Añade: “Ante la evidente insuficiencia, la Segob presentó el 4 de abril de 2019 una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida. Además, las y los funcionarios del Mecanismo no cuentan con todas las herramientas ni las capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida”.
En cuanto a recursos humanos, la ONU-DH destaca que el número de funcionarios que forman parte del mecanismo son, por decir lo menos, “insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección”, y peor aún, “se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación”.
Desde 2014, la plantilla de 36 funcionarios que operan en el Mecanismo se ha mantenido estable, “lo que ha llevado a que la proporción de personas beneficiarias que correspondería a cada funcionario de Mecanismo haya aumentado un 235% durante el mismo periodo, hecho que impacta sobre la capacidad de proteger eficazmente”, pues cada persona que tiene funciones de seguimiento tiene que atender en promedio 155 beneficiarias.
A la carga de trabajo se suma que ese órgano “carece de suficiente personal especializado en materias como comunicación pública, gestión de recursos humanos, tecnologías de la información o gestión de medidas políticas y vinculación con autoridades”.
El Diagnóstico resalta que “la información sobre una agresión sufrida por una persona defensora o periodista, puede demorar varios días en ser procesada porque el personal del Mecanismo no puede acceder desde las computadoras de la Segob a varias páginas de internet, ni tiene acceso al correo laboral cuando están fuera de la oficina”.
El documento de 410 páginas desmenuza la operación del Mecanismo, a partir de la apertura que, reconoce la ONU-DH, dio el gobierno de López Obrador para revisar la documentación pública y privada, alimentada por la realización de 100 horas de entrevistas a 147 personas, de las cuales 62 eran personas beneficiarias, 37 funcionarios del Mecanismo, 12 integrantes de la Junta de Gobierno, 11 miembros de la sociedad civil, así como otras autoridades (8), funcionarios de la empresa que implementa la protección (7), expertos (7) y miembros de la Unidad de Protección, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
La preocupación de la ONU-DH por hacer un diagnóstico de la operación del Mecanismo, surge también de las inquietudes que el instrumento causó entre representantes de los Estados que formularon 21 de las 264 recomendaciones a México en noviembre del 2018, cuando fue sometido al Examen Periódico Universal (EPU).
El Diagnóstico, será presentado oficialmente el próximo lunes, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (Fuente: Proceso)
