CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El dos veces compadre del expresidente Enrique Peña Nieto, Benito Neme Sastré, está en problemas legales y se prevé que en breve la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuse penalmente ante un juez, publicó ejecentral.com.mx.
Si bien el exdirector de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), entre 2013 y 2018, no firmó algún documento que lo vincule directamente con contratos con sobreprecios o licitaciones a empresas preseleccionadas, los investigadores han obtenido información sobre operaciones financieras que no corresponden con sus ingresos, así como información directa de cómo por órdenes del entonces director se modificaron documentos para favorecer a determinadas compañías y se aumentaron costos. Al menos cuatro de sus excolaboradores, informaron fuentes cercanas al caso, están siendo investigados por esto.
Capufe es una de las áreas estratégicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) porque de ella depende la infraestructura carretera. Los contratos que anualmente se firman para mantenimiento, construcción o servicios son millonarios. Sólo en 2018 gastó (a valor presente) 2 mil 740 millones de pesos, 4.1% menos que el año anterior.
La gestión de Benito Neme, maestro en derecho internacional, ha sido una de las más cuestionadas, de acuerdo con 18 auditorías que se le practicaron y como resultado de ellas dejó pendientes por aclarar casi 58 millones de pesos.
Benito Neme es reconocido por su habilidad para concretar negocios, si bien cuenta con una maestría en Derecho Internacional Económico por la Universidad de Houston.
Pero estas acusaciones son apenas el principio. Las pesquisas iniciadas a partir de las revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya se ampliaron, y la Fiscalía trabaja junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear todas las operaciones de Neme Sastré, su familia y círculo cercano.
Información recabada por ejecentral establece que al ahora exfuncionario se le imputa haber beneficiado a empresas que, a su vez, le habrían pagado el beneficio. Hay un aspecto que en particular se revisa por parte de las auditorías, y es el destino y manejo de los recursos provenientes del sistema de telepeaje, ya que a partir de 2014 se eliminaron todos los controles que existían para la recaudación y entrega del dinero de cada caseta en el país a cargo de Capufe.
Lo anterior se debe a que el dinero entraba en efectivo y de manera directa a las arcas de la institución, sin mayor regulación.
Tras la pista del compadre
Hijo del exgobernador tabasqueño Salvador Neme Castillo (1 de enero de 1989 al 28 de enero de 1992), quien tuvo que renunciar a los tres años de haber asumido la gubernatura del estado en medio de presiones políticas y acusaciones de corrupción por parte de opositores del mismo PRI que lo abanderó, Neme Sastré tejió una estrecha cercanía con Enrique Peña Nieto y lo acompañó desde su plan de campaña rumbo a la elección presidencial de 2012.
Ahí fue donde iniciaría el compadrazgo que llevó al abogado de profesión a dirigir durante todo el sexenio peñista el organismo público responsable de la operación, reconstrucción y mantenimiento de las carreteras de cuota y puentes federales del país, así como el encargado de participar en proyectos de inversión para la construcción y explotación de las vías generales de comunicación. Para lo cual no contaba, según su trayectoria laboral, con la experiencia requerida.
Se determinaron retrasos en la entrega de listas de usuarios de telepeaje, uso de los TAGs de otros operadores, emisión de facturación, dispersión, cobranza y el envío de los informes de cierre”. Auditoría Superior de la Federación en una investigación al Sistema Integral de Administración de CAPUFE.
De acuerdo con la conclusión de su declaración patrimonial, de mayo de 1995 a junio de 1998, el extitular de Capufe trabajó como gerente tipo “D” en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en donde tenía como función principal la integración y administración de las asociaciones de vecinos en los conjuntos habitacionales.
Para 2004 fue designado coordinador administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde dirigió las diferentes áreas administrativas, así como recursos humanos y materiales del tribunal. En el cargo se mantuvo hasta septiembre de ese año, y a partir de octubre de 2004 a noviembre de 2012, es decir un mes antes de que su compadre Enrique Peña Nieto asumiera como presidente de la República, Neme Sastré, según su declaración, se desempeñó como “profesionista independiente”, dando asesoría legal en el sector privado.
Lo cierto es que la confianza de Peña Nieto en Benito Neme fue muy sólida. Tras su paso en el ámbito político como miembro del Consejo Político Nacional del PRI y del Consejo Político Estatal del mismo partido en su natal Tabasco, Neme Sastré fue designado por el ahora expresidente como coordinador jurídico de su campaña en 2012, un cargo de suma importancia a partir de la revisión del gasto ejercido en campaña, lo cual era su tarea vigilar. Fue así que como amigo cercano al mexiquense se integró a su cuarto de guerra junto a personajes que durante su gobierno fueron sus incondicionales, entre los cuales destaca Luis Videgaray; Miguel Ángel Osorio Chong; Pedro Joaquín Coldwell, Luis Enrique Miranda, otro compadre de Peña Nieto; Jorge Carlos Ramírez Marín, y Emilio Gamboa, entre otros.
Como abogado electoral de Peña Nieto en el estado de México, Neme Sastré estuvo a cargo de la relación con los magistrados electorales afines del partido que lo llevó a la Presidencia de la República. Fue el engranaje perfecto de la campaña para dirigir toda la maquinaria jurídica para frenar todas las impugnaciones que pudieran significar un obstáculo en el triunfo del priista.
❝La ASF detectó que Capufe no tenía acceso a la aplicación ni a ninguna herramienta del Centro de Monitoreo, por lo que no podía verificar la ejecución de servicios que contrató”. Auditoría Superior de la Federación
Ahora se le investiga por tráfico de información para beneficiar a empresas con licitaciones turbias, contratos y concesiones irregulares, así como operaciones fraudulentas en el cobro del telepeaje que presuntamente causaron graves daños al patrimonio nacional, son algunas de las aristas que las autoridades en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador están indagando con lupa a la anterior administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a cargo, hasta el 12 de diciembre de 2018, de Benito Neme Sastré.
Con el pie izquierdo
Tras haber cimentado y fortalecido su vínculo con Peña Nieto, Benito Neme fue nombrado el nuevo titular de Capufe, para lo cual el fantasma del compadrazgo con el titular del Ejecutivo federal lo acompañaría a lo largo de su cuestionado desempeño en el cargo.
Uno de los primeros descalabros, de los muchos que se presentaron durante su gestión, que fue calificado como una falta de consideración y atención de su labor, fue el caso del deslave en la autopista México-Querétaro que dejó siete muertos en marzo de 2013. Un trágico incidente en el cual se advirtió omisión y negligencia por parte de las autoridades de Capufe a cargo de Benito Neme por no haber atendido las alertas de los propios usuarios. Aunque él negó que hubiera existido desidia de parte de él y de sus subordinados.
Menos de un año después, una primera bomba en la gestión de Benito Sastré vendría en agosto de 2014, cuando miles de automovilistas experimentaron dificultades para pagar sus telepeajes vía tarjetas o tags en las vías de comunicación del país.
El problema se derivó del cambio del sistema de cobro electrónico en autopistas federales, el cual fue finalmente entregado por parte de Capufe al consorcio Telepeaje Dinámico, integrado por la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, del empresario mexiquense, Roberto Alcántara Rojas, considerado uno de los magnates consentidos del sexenio pasado.
Las irregularidades y el probable daño patrimonial que se presentaron durante el proceso de licitación, la asignación del contrato y su ejercicio, se documentó y fue evidenciado por la testigo social Mónica María del Rosario Barrera Rivera, quien determinó “absoluto desaseo” en todo el proceso en el que, entre otras anomalías, la compañía Integra Ingeniería, S.A de C.V., que formaba parte de las empresas del consorcio ganador adeudaba más 101 millones 426 mil pesos, por lo cual la Comisión Nacional Bancaria solicitaba el congelamiento de sus cuentas.
De los más de 2,900 millones de pesos que tiene Capufe como presupuesto para 2019, a julio pasado registró un subejercicio. De 56% en el gasto neto total.
Deuda que poco antes de la firma del contrato, como parte de la asociación nuevo operador de telepeaje, quedó supuestamente saldada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin que a la fecha se haya hecho público el mecanismo por el cual quedó libre de adeudo. Este es uno de los aspectos que estaría verificando la Unidad de Inteligencia Financiera.
La testigo social sostuvo que la elección de la compañía representó “un gran daño patrimonial”, porque Capufe otorgó el contrato al consorcio que ofertaba el costo por cruce más caro de las seis propuestas. Quedando como ganador el consorcio de Impulsora de Servicios Terrestres S.A. de C.V., que integraron las compañías Counter Concesiones, Azvi Cointener de México, S.A de C.V; e Integra Ingeniería, S.A de C.V., se desprende de los dos informes previos sobre la licitación a los que ejecentral tuvo acceso y que elaboró Barrera Rivera.
Uno de los aspectos más sobresalientes de este contrato es que la convocatoria establecía un monto por más de tres mil millones de pesos, pero a la firma del contrato el monto resultó superior a los cuatro mil millones de pesos.
El informe del 6 de mayo, como dio a conocer en agosto de 2014 la columna “Estrictamente Personal”, fue dirigido a Antonio Cárdenas Arroyo, jefe de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Función Pública; a Eduardo Lavín, subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de Capufe, y a Raúl Meléndez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de esa dependencia. Pero aparentemente para cubrir todos los flancos por el volumen de anomalías que encontró, la testigo social copió al auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; al subsecretario de Infraestructura de la SCT, Raúl Murrieta, y a funcionarios de Banobras, Hacienda y otras áreas de Capufe. Ninguna de esas dependencias inició algún procedimiento.
El segundo escándalo llegó en mayo de 2017, cuando una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Mauricio Sánchez Woodworth, segundo al mando de Capufe, habría filtrado información a al menos seis empresas nacionales, a fin de que obtuvieran ventaja en licitaciones para el mantenimiento de autopistas y carreteras, lo cual les permitió, según lo documentado por la organización, obtener contratos por un monto superior a los 770 millones de pesos.
En suma a las inconsistencias que Neme Sastré había acumulado a lo largo de su administración, en octubre del año pasado, prácticamente a un mes de que concluyera el sexenio, el Órgano Interno de Control de la dependencia dio cuenta de una indagatoria sobre irregularidades detectadas con un contrato de outsourcing por un monto superior a los dos mil 100 millones de pesos para la supuesta contratación de cuatro mil personas para integrarse a Capufe.
En la investigación del OIC, la cual fue dada a conocer por la revista Proceso, se dio cuenta que dicho convenio involucraba la contratación de la compañía Servicios Integrales Trujillo Romano, el cual tuvo vigencia hasta el pasado 31 de mayo de este año, presentaba un domicilio fiscal fantasma, aunado a una serie de irregularidades que implicaban un daño patrimonial calculado 38.5 millones de pesos.
Las cuentas pendientes de Neme
De la administración de Benito Neme en Caminos y Puentes Federales quedan pendientes de aclarar 57 millones 800 mil pesos derivados de 18 auditorías que generaron 102 acciones.
El año de 2014 fue el ejercicio fiscal donde mayor irregularidades encontró el ente fiscalizador. Y es que en la cuenta pública de ese año la ASF determinó en la auditoría DE-096 un probable daño a la hacienda pública por 25 millones 630 mil 400 pesos por penalizaciones derivadas de incumplimientos en la operación de un contrato del sistema de Telepeaje.
En el Informe de Resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2014, la ASF analizó el contrato 4500021486 CAPUFE/4500021493 CTO. GOLFO/ 008-14 Golfo Centro que Capufe otorgó vía licitación a las empresas Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., COINTER Concesiones Intercontinentales S.L., Azvi Cointer de México, S.A. de C.V. e Integra Ingeniería, S.A. De C.V., para la prestación de la gestión de cobro del sistema de telepeaje, por un monto mínimo de mil 872 millones 681 mil 400 pesos, y un monto máximo de 4 mil 686 mil 282 mil 600 pesos.
57.8 millones de pesos están pendientes por aclarar de la administración de Benito Neme al frente de Caminos y Puentes Federales.
La vigencia del contrato fue del 30 de abril de 2014 al 31 de julio de 2018. Sin embargo, tras la revisión se determinaron deficiencias en el desarrollo de los planes de trabajo, las funcionalidades de los entregables, la operación del centro de control principal, el funcionamiento del centro de control espejo, las aplicaciones de monitoreo y la operación del backoffice del prestador de servicios.
Lo que derivó en alrededor de 10 riesgos operacionales. Por ejemplo, reveló la ASF, los web services de facturación de fondos de garantía, facturación de prepago, consumos de prepago por cruces de peaje y bases de datos de clientes no estaban siendo utilizados hasta el momento de la auditoría.
“Durante las pruebas de auditoría se observó que el prestador de servicios envía a Capufe la información vía correo electrónico en archivos de Excel, para que posteriormente personal de la entidad los cargue en el Sistema Integral de Administración de Capufe (SIAC) de manera manual, con un alto riesgo para la integridad, disponibilidad y calidad de la información”, especificó.
De las 18 auditorías realizadas en la gestión de Neme, 10 son sobre inversiones físicas, tres financieras, tres de inversiones físicas, una de desempeño y una de cumplimiento financiero.
No fue el único riesgo, la ASF detectó que Capufe no tenía acceso a la aplicación ni a ninguna herramienta del Centro de Monitoreo, por lo que no podía monitorear ni verificar la ejecución de los servicios que contrató. En tanto que además carecía de una herramienta para la gestión de incidentes y su registro se realizaba manualmente en un documento de Excel. Eso, identificó la Auditoría, retardaba en demasía los tiempos de atención. Los fallos eran sistemáticos.
“Derivado de la revisión de la auditoría y en conjunto con el personal de Capufe, se determinaron retrasos en la entrega de listas de usuarios de telepeaje, uso de los TAGs de otros operadores, emisión de facturación, dispersión, cobranza y el envío de los informes de cierre”, puntualizó la ASF.
Aunque el entonces subdirector de Sistemas Electrónicos de Peaje, en el que entonces era titular Carlos Mauricio Cid, omitió su responsabilidad y no supervisó el servicio de administración para el cobro del sistema de telepeaje ni el cumplimiento de los compromisos contractuales.
“(…) se concluye que Capufe no cuenta con un sistema estandarizado que permita la adecuada gestión de la información para la administración de la gestión de cobro del sistema de telepeaje, lo que no permite asegurar la integridad y consistencia de la información”, expuso la Auditoría.
La ASF 340 realizada a Capufe en la Cuenta Pública 2016 reveló inconsistencias por 613 mil 100 pesos, entre lo facturado por el operador de telepeaje y lo registrado en la contabilidad del organismo, y falta de cobro de cuatro meses de la contraprestación de la Red Contratada por 9 millones 259 mil 900 pesos, así como ausencia de acciones legales para el cobro de un millón 712 mil 700 pesos de adeudos por venta de pinturas y emulsiones del periodo 2003-2015. (Fuente: ejecentral.com.mx)