Por Jéssica García
MÉRIDA, MX.- En los últimos 30 años, los sectores inmobiliario, turístico, agroindustrial, industrial y energético, han crecido en la Península de Yucatán a costa de los recursos naturales y por encima de los derechos de las comunidades mayas, afectando la calidad de vida de sus habitantes y la sostenibilidad de la región.
De acuerdo con integrantes del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A. C. (CCMSS), Articulación Yucatán y GeoComunes, a través de una herramienta de visualización cartográfica que funciona como un geovisualizador, ha sido posible observar el crecimiento y expansión de megaproyectos en la Península.
Al respecto, los investigadores involucrados señalaron que estos proyectos han perseguido ganancias monetarias sin visión de sustentabilidad a largo plazo, es decir, cuando la inversión en un sector deja de ser rentable, el capital transita hacia otros sectores.
Ejemplo de ello ha sido lo ocurrido con los proyectos de explotación de madera, henequén y la producción de chicle que al dejar de ser rentables, la mira se volteó hacia el turismo y la agroindustria de la soya transgénica, el sorgo y la palma de aceite.
“Se trata de proyectos que operan bajo la lógica de acumulación de la riqueza y despojo de bienes comunes que afectan el tejido social comunitario, violan derechos sociales y colectivos, y contaminan gravemente los sistemas ambientales”, señaló Sara Cuervo Vega, integrante del CCMSS.
Ante este panorama, voceros de comunidades mayas denunciaron los modelos a seguir de estos megaproyectos.
“Se está dando un proceso para despojarnos de nuestra tierra para instalar un proyecto de energía solar. Como estamos defendiendo el territorio estamos siendo discriminados porque no somos ejidatarios. Pero no vamos a permitir que ninguna empresa nos venga a despojar. No nos dejan participar en las asambleas, nos dicen que no tenemos derecho y quieren quedarse con más de 700 hectáreas en las que los avecindados trabajamos”, aseguró María Euán, habitante de San José Tipceh e integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, quienes se oponen al establecimiento de la planta Vega Solar 1 y 2.
Dentro de los primeros resultados obtenidos con la herramienta a la que es posible acceder mediante la liga: https://ccmss.org.mx/
En este recuento, se han identificado 45 puertos, de los cuales 24 fueron concesionados a la Administración Portuaria Integral (API) y uno al estado de Yucatán en Progreso, en donde al año se trasladan hasta 5.5 millones de personas y hay una capacidad de carga de 47 millones de toneladas de productos.
Además se identificaron siete aeropuertos a los que llegan hasta 24 millones de personas, así como 55 mil toneladas de carga. Las concesiones fueron dadas a Aeropuertos del Sureste (ASUR) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA).
A la par hay 18,6 mil kilómetros de carreteras que permiten el paso de 8,3 mil camiones de pasajeros y una capacidad de carga de 279 mil camiones.
Respecto a la energía necesaria para el funcionamiento de los proyectos, se identificaron 700 kilómetros de gasoductos en operación y 297 en producción, concesionados a cuatro empresas; asimismo, hay 7,2 mil kilómetros de redes eléctricas y 643 proyectados, los cuales son concesionados a seis empresas más, aparte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En cuanto al desarrollo de los sectores, los primeros resultados arrojan lo siguiente:
Expansión Urbana; sector inmobiliario
La principal expansión urbana se concentra en las periferias de Mérida, Cancún y Playa del Carmen. De manera general, en la Península existen 5 mil desarrollos habitacionales, de los cuales el 29% se concentra en Mérida; el 27% en Benito Juárez y 11.6% en Solidaridad, ocupando una extensión de 12,9 mil hectáreas, mientras que el resto se distribuye en el resto del territorio.
A partir de la colaboración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para esta investigación, en orden de proporción, las empresas de Desarrollo Inmobiliario que más han abarcado territorio son: Grupo Sadasi, Corpovael (Cadu inmobiliaria), Grupo Vivo, Casas Ara, Cocoma, Inmobiliaria VINTE, Conjunto Parnelli, Grupo BMV (Casas Javer), Empresa ICA e Industrias Curator.
En este sentido, los investigadores identificaron la correlación que hay entre expansión urbana y turismo, ya que las zonas hoteleras consolidadas estimulan el desarrollo inmobiliario a los alrededores, ya sea viviendas de interés social o desarrollos de lujo.
Turismo
La industria turística se concentra principalmente en el corredor Cancún-Riviera Maya, en donde se ofrecen destinos internacionales especializados en el turismo masivo de sol y playa, principalmente de lujo.
Cabe señalar que entre 1992 y 2017 el número de hoteles en Quintana Roo se multiplicó por 19 y a nivel nacional 1 de cada 8 cuartos de hoteles se encuentra en este estado en el que también se concentra un tercio de los hoteles de 5 estrellas.
Las principales cadenas hoteleras españolas son los grupos: Riu, Barceló, Mélia, Iberostar, Oasis, H10 y Princess; en cuanto a cadenas estadounidenses se ubican: Royal, Resorts, Hyatt y Hilton Resort; y en las nacionales están Posadas, Palace, Holding, AM Resorts y Grupo Xcaret.
Energético
Las zonas hoteleras consumen grandes cantidades de energía eléctrica, ya sea gas o electricidad y en este tema, antes de la Reforma Energética, la generación eléctrica de la Península se basaba en centrales de generación térmica, pero en 2016 con la primera Subasta de Largo Plazo se autorizaron cuatro proyectos de generación eólica y cinco de energía solar.
Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Reguladora de Energía autorizaron otros 10 proyectos (tres eólicos y siete solares), aunque quedan otros 10 con autorizaciones pendientes (siete eólicos y tres solares).
Hasta ahora, la superficie que ocuparían los proyectos autorizados sería de 10 mil hectáreas para parques eólicos y 3,8 mil para parques fotovoltaicos, de los cuales el 30% está ubicado en tierras ejidales.
Agronegocio
Este sector está basado en el cultivo de soja, la cual se conecta con la exportación de carne de cerdo, la industria turística y el consumo de alimentos procesados para humanos y mascotas.
A partir de la colaboración del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se pudo identificar que actualmente hay 52 mil hectáreas destinadas para la siembra de soja; 47 mil, para el cultivo de caña; 29 mil para sorgo y 25 mil para palma de aceite.
Los representantes de comunidades mayas señalan a estos cultivos como proyectos rurales equivalentes a despojo de agua, ya que un ejemplo es el Ingenio San Rafael de Pucté del Grupo Beta San Miguel, ubicado en Othón P. Blanco, Quintana Roo, en donde se producen hasta 12 mil toneladas de caña, para lo cual se detecta un consumo de agua hasta de 40 mil metros cúbicos al día.
Industria
En la Península de Yucatán se identificaron 417 bancos de materiales que ocupan 6,7 mil hectáreas, en donde se generan impactos ambientales severos.
Un ejemplo de ello es la mina Calica, en donde se devastaron 835 hectáreas, ubicada en Playa del Carmen y el manto freático ha sido trastocado como consecuencia de la explotación y devastación.
En esta zona, la actividad minera fragmentó sistemáticamente el corredor biológico de especies protegidas, amenazadas y en peligro de extinción, como el jaguar y otras.
La empresa encargada de exportar materiales a Estados Unidos, pretende demandar al gobierno mexicano por 500 millones de dólares por no autorizar el proyecto de expansión de la mina.
En cuanto al tema de energías limpias, tanto los investigadores y los voceros de comunidades hicieron hincapié que no se trata de estar en contra de estos proyectos, sino refieren que se hagan con un soporte de sustentabilidad.
Bajo el contexto del cambio climático, los compromisos de reducción de emisiones establecidos por el gobierno mexicano y el potencial eólico y solar identificado por la Secretaría de Energía en la zona, son usados como los argumentos oficiales para realizar la expansión de proyectos cuando perjudica a ejidatarios y diversos ecosistemas.
El Colectivo GeoComunes subrayó que la política energética de México parece actualmente dictada por intereses privados y foráneos que sólo buscan generar y centralizar ganancias, pues la imposición de este modelo carece de un análisis que evalúe de forma integral los patrones de consumo energético y la responsabilidad de los contextos urbanos e industriales.
En el caso de la Península de Yucatán, el papel que tiene por ejemplo la actividad turística en el consumo eléctrico regional es un punto de análisis importante que se debe ponderar adecuadamente. Por ejemplo, tan sólo en el 2017 Cancún consumió 127 mil megawatt por mes en promedio, de los cuales casi la mitad (el 48 %) sirvió para alimentar la zona hotelera. (Noticaribe)
