Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque la Secretaría de la Contraloría detectó irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación del contrato a la empresa poblana Adicon SA de CV para la elaboración de uniformes escolares para el ciclo 2017-2018, la amonestación privada que recibió el Oficial Mayor de gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, la suspensión de 15 días del director general de administración, José Manuel González Acosta, y la destitución e inhabilitación por seis meses para ocupar un cargo público contra Edwin Azmir Diaz Tello, director de Recursos Materiales, correspondió al grado de participación de cada uno de ellos en el procedimiento.
Entre la cadenita del director de adquisiciones, el de administración y el Oficial Mayor, cada uno tiene una responsabilidad derivada de la supervisión y la vinculación no esta vinculada al fallo sino al momento en que se concreta la firma de contrato donde no se verificó que se cumplieran las reglas que se habían establecido de manera inicial en el proceso de licitación y al variar estos mecanismos de manera evidente surge la responsabilidad, informó el titular de la Secoes, Rafael del Pozo Dergal.
Consideró que el caso ya está cerrado para la Secoes “y en tanto no haya un juez que modifique la resolución u ordene modificarla, surte efecto y está firme, pero no quiere decir que alguien acuda a las instancias de juicio de nulidad o amparo y en todo caso se acatará lo que se mandate”.
Aunque el titular de la Secoes confirmó que en el proceso de licitación para la adquisición de mochilas escolares para el ciclo escolar 2019-2020 también han surgido algunas denuncias que se están investigando.
Para el caso de la denuncia que interpuso la organización ciudadana “Somos tus Ojos por la Transparencia Quintana Roo” por la licitación para la elaboración de uniformes para el ciclo escolar 2017-2028, el secretario de la Contraloría explicó que las sanciones están vinculadas con irregularidades en el proceso mediante el cual se otorgaron los contratos, ya que se encontraron discrepancias entre las bases de licitación, el fallo y el momento de la firma del contrato correspondiente.
Es decir, se establecieron unas reglas que después fueron modificadas en algunos aspectos de manera administrativa “entre la cadenita del Director de Adquisiciones, el de Administración y el Oficial Mayor hay una responsabilidad derivada de la supervisión porque no está vinculado al fallo del concurso sino al momento en que se concreta la firma porque no se verificó que se cumplieran las reglas que se habían establecido de origen en el proceso de licitación y al variar estos mecanismos de manera evidente surge la responsabilidad, detalló
Reconoció que de manera evidente la entrega de los uniformes fue a destiempo, fuera del plazo establecido pero la Oficialía Mayor tomó acciones al respecto y sancionó a la empresa con las deductivas correspondientes hasta por los montos que establece la ley y el propio contrato “y al haberse aplicado las sanciones no existe responsabilidad a lo que hace a la aplicación de las sanciones sino por discrepancias documental entre la licitación y la formalización del contrato correspondiente”, reiteró.
Sobre las sanciones aplicadas al Oficial Mayor, a su director general de Administración y al director de Recursos Materiales, Del Pozo Dergal explicó que tienen que ver con el nivel de participación “y la responsabilidad no se deriva solamente del cargo que ejerces sino del nivel de participación que tienes en el proceso de licitación. Quien tiene a su cargo la expedición de las bases de la licitación y verificación del proceso de fallo y contratación no es el Oficial Mayor sino que la responsabilidad del Oficial mayor está en la verificación del contrato por la firma”.
En opinión de la Secretaria de la Contraloría consideró que no hubo la verificación para asegurarse de que el contrato final se firme en los términos originales en que fue establecido “no fue un descuido sino malas prácticas en el proceso de integración del expediente y vigilancia de las reglas de integración de expedientes”.
Dijo que después de esta licitación se emitieron los lineamientos de integración de expedientes unitarios para evitar que haya discrepancias en los documentos.
Del Pozo Dergal destacó el hecho de que, por primera vez en el estado, no hubo intervención del Ejecutivo en el trabajo que realizó la SECOES: “se garantiza que la Contraloría no trabaja por consigna siempre se respeta presunción de inocencia”.
Aseguró que en la actualidad la Secoes mantiene 1,140 procesos de investigación contra funcionarios de los cuales 500 corresponden a servidores públicos de la actual administración. Aclaró que hay muchos funcionarios que se han inconformado y será el Tribunal de Justicia Administrativa el que defina si la argumentación de la Secoes está bien soportada en los hechos y se mantiene la sanción impuesta o se revoca. (Noticaribe)
