PLAYA DEL CARMEN, MX.— Las diputadas panistas de Solidaridad, Cristina Torres Gómez y Roxana Lilí Campos Miranda, coincidieron hoy en que, debido a las irregularidades en las que se sustenta la solicitud de ajuste en las tablas catastrales de este municipio, no la aprobarán en la XVI Legislatura, reportó la agencia Infoqroo.
No se siguieron las formas legales, no está claro cómo se integró el consejo que evaluó las tablas y tampoco se respetó el término legal que se debe otorgar al ciudadano para que opine lo que a su derecho corresponda, dijo Torres Gómez. Todo se llevó “en lo oscurito” y, de hecho, a los regidores tampoco se les dio a conocer la propuesta oportunamente.
Voy a votar en contra y a pedir lo mismo al resto de los diputados, tomando en cuenta los temas de equidad y justicia y la evaluación de los lotes catastrales, que no se siguieron los procedimientos legales y que no es así como se eficientizan los ingresos del Ayuntamiento.
Campos Miranda, por su parte, indicó, sin ser experta, que la ley establece que la retabulación tiene que ser justa y equitativa, pero en este caso se estableció, incluso, un porcentaje que contraviene la justicia y equidad y deja paso a un “criterio discrecional”.
Hubo retabulaciones en 2005 y 2012, cuando se aprobó el PDU en Solidaridad, recordó. Esta última se hizo con proyección, de tal forma que los precios en el municipio ya están actualizados y lo que tendría que hacerse no es la retabulación, sino la rezonificación de las áreas que han tenido crecimiento. Tendría que ser un trabajo en zonas específicas.
A la hora de votar será importante tener claro que somos diputadas y diputados que estamos representando a la sociedad quintanarroense y que este impuesto afectará a la población. “Vamos a defender la causa del ciudadano”, añadió.
Torres Gómez explicó que el gravamen no puede ser justo cuando no hay obra pública ni un factor que incremente el monto que se paga por predial. “No puede ser que el terreno sigue teniendo el mismo valor y estés pagando más impuesto”.
“No hay condiciones jurídicas, técnicas y mucho menos sociales para generar ese impuesto predial. Insisto en que, si este año hubiésemos tenido mucha obra pública que justificara la inversión y reavalúo de los inmuebles, se tendría un soporte técnico”.
Al abundar sobre el tema, dijo que la ley señala a la autoridad tiempos y procedimientos y, de acuerdo con el expediente que conoce, no se siguieron.
Hay todo un procedimiento para hacer pública la intención del Ayuntamiento. Si bien se cumplió el tiempo legal para ajustar el cobro del predial, en Solidaridad la tierra está sobrevaluada por la especulación del mercado inmobiliario, razón por la cual nosotros decidimos no reevaluar los terrenos. Nos quedó claro que la crisis financiera no la íbamos a resolver aumentando el predial, sino fomentando la inversión y haciendo efectivas las acciones de cobro naturales, aseveró.
Por lo que se refiere a los parquímetros, reiteró que fueron autorizados en su administración, pero no para todo el municipio, únicamente para la zona centro.
Previamente hicimos un estudio de movilidad y se concluyó que el centro estaba colapsado y se requerían espacios para estacionamiento. Por eso también se amplió la banqueta de la Av. Juárez. Todo tiene que ver con un estudio y los pasos que había que dar.
Si bien hoy se ha extendido esa parte colapsada, será necesario que los involucrados nos sentemos en la mesa para analizar las consecuencias y lo que jurídicamente sería viable.
La entrevistada señaló que es importante decir que se siguieron todos los procedimientos para autorizar los parquímetros y que la legislatura actual le envió en su momento un par de oficios a la nueva administración municipal, en los que le informó sobre lo que se iba a aprobar y le preguntó si tenía algo qué opinar y no opinó nada.
No se trata de buscar culpas, sino una solución para recuperar la vía pública y optimizar los espacios del centro, que fue lo que en su momento nos llevó a tomar la decisión de autorizar los parquímetros, aseguró. Incluso, el concesionario manifestó públicamente que está dispuesto a sentarse a revisar porque nadie pone un negocio donde nadie le va a comprar.
Sé que empresarios y asociaciones civiles ya han presentado amparos, pero no descarto que se pueda llegar a un consenso, independientemente de que los juicios sigan los cauces legales que correspondan.
Finalmente, subrayó que “el Congreso ya lo aprobó, de modo que el tema está en manos de las autoridades locales y del concesionario”. (Fuente: Infoqroo)
