YUCATÁN, MX.- El gobierno del Estado dio a conocer ayer que frenó el pago de 17 pensiones de exfuncionarios estatales “por encontrar inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron, en decisiones tomadas en los últimos días de la administración estatal pasada”, publicó Diario de Yucatán.
“Las pensiones canceladas por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad van de los 46 mil pesos mensuales a los 8 mil pesos”, informó el consejero jurídico Mauricio Tappan Silveira.
Según un comunicado oficial, las pensiones que fueron canceladas corresponden a Eduardo Batllori Sampedro, Daniel Quintal Ic y Miguel Antonio Fernández Vargas, extitulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Contraloría, quienes pretendían recibir 46 mil pesos mensuales. También, la de José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue representante del exgobernador Zapata Bello en Ciudad de México, quien iba a recibir 45 mil pesos al mes.
Se cancelaron las pensiones de los exdirectores Ariel Enrique Azcorra Padilla (del fideicomiso público de la reserva territorial de Ucú), Jesús Antonio Paz Pineda (de la unidad de asesores)y Elda María Vargas Jiménez (de procesos transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas), de 40 mil pesos; la de Fernando José Castro Novelo (de Comunicación Social), 35 mil pesos; de Luis Humberto Hoyos Schlamme (de la Fábrica de Postes), 30 mil pesos, y de Beatriz Eugenia Solís Sánchez (departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey), 25 mil al mes.
Tampoco cobrarán pensión Gaspar Javier Arceo Peniche, a quien de último momento se le asignó una de 19 mil 219 pesos al mes; Margarito Chi y Balam, de 16 mil 814 pesos; Emma Alegría del Socorro García Pérez, 13 mil 800 pesos, y Hernán José Cárdenas y Gallareta, 12 mil pesos mensuales. La cancelación alcanza también a Pedro Pablo Noemí Martínez, a quien le habían asignado una pensión de 11 mil pesos al mes, y a Ermilo Duarte Torres y Mario Renán González Sosa, de 8 mil pesos.
Según especifica el licenciado Tappan Silveira, ninguno de estos diecisiete casos tenía derecho a pensión, pues no cumplían los requisitos de tener 55 años cumplidos y 15 años o más de aportaciones, o 30 años de aportaciones sin límite de edad.
“Por tal motivo”, añade el consejero jurídico, “la actual administración estatal, en un compromiso con la sociedad de administrar de manera eficiente y transparente los recursos públicos, hizo valer la ley y canceló las pensiones asignadas en los últimos días del gobierno estatal anterior”.
Esta acción evitó un gasto de casi 6 millones anuales de recursos públicos. “Específicamente 521 mil 833 pesos al mes; es decir, 6 millones 261 mil pesos al año para solo 17 personas”, puntualiza Tappan Silveira. (Fuente: Diario de Yucatán)
