Solicita defensa de Roberto Borge aplazar audiencia de vinculación a proceso por el delito de peculado

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Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo escuchó la imputación por el delito de peculado por parte de los fiscales del ministerio público por la venta de 18 predios a particulares que ocasionaron un daño patrimonial al erario público por la cantidad de 2 mil 510 millones de pesos 232 mil 794 pesos, así como la solicitud de vinculación a proceso de la carpeta de investigación 159/2017 y una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos, durante la audiencia de formulación realizada este viernes.

Sin embargo, y a petición del imputado, el juez determinó la reanudación de la audiencia el próximo 11 de diciembre a las 10 de la mañana (hora local) en donde habrán de comparecer los peritos valuadores de la dirección de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado en la zona norte Florentino R.S. y Ramiro Ch.S. así como el licenciado en contaduría Miguel Angel C.C. y el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepqroo), Eduardo Ortiz Hasso, para presentar pruebas a su favor.

Aunque la defensa del ex mandatario no logró que el juez aprobara también la solicitud de comparecencia de Carlos F. H. quien en su calidad de ex director del IPAE fue quien interpuso denuncia contra Borge Angulo.

Durante poco mas de cinco horas, los fiscales del Ministerio Público detallaron cada una de las 18 propiedades que fueron vendidas a particulares, entre las que se encuentra la mamá de Borge Angulo, a un bajo costo respeto al valor comercial.

Los fiscales del ministerio público, quienes estuvieron acompañados por Leonardo Sala Martínez y Fernando Franco Zaragoza, con la representación jurídica de la Agepqroo, expusieron que la responsabilidad de peculado del ex mandatario es por omisión y coparticipe al conocer de la enajenación de bienes en las que participaron las ex directoras del IPAE, Gina Ortiz Blanco Y Claudia Romanillos Villanueva “y al tener conocimiento de que su madre Rosa Yolanda y/o Maria Yolanda A. C. era una de las beneficiadas debió intervenir como garante de los bienes pertenecientes al estado en su papel de gobernador y tomar las medidas para la recuperación de esas propiedades”.

Afirmaron que Borge Angulo incumplió con sus funciones de encabezar las sesiones del consejo del IPAE y que únicamente lo hizo durante una sesión extraordinaria.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por los fiscales, la madre del ex gobernador adquirió dos terrenos en Cozumel, uno de una superficie de 47 mil 638 metros cuadrados (a un valor de 137 pesos con 50 centavos el metro cuadrado) en el kilometro 18 de la costera sur y otro de 111 mil 763 metros cuadrados.

En la lista aparece Santiago J.M con la adquisición de 7 predios, Edgar Manuel M. M. con 5 predios; Jorge C.S. con dos y Álvaro B.C con uno. Los predios fueron vendidos a precios que oscilaron desde los 50 pesos hasta los 2,000 pesos por metro cuadrado.

Borge Angulo, después de solicitar la ampliación del término hasta por 144 horas, reitero su acusación de ser un perseguido político del gobernador Carlos Joaquin y sentirse agraviado por la persecución contra su madre. Hizo mención a las declaraciones de Carlos Joaquín González y afirmó que si afirma ser transparente debe dar a conocer sus funciones al frente de la Agepqroo.

Incluso señaló a Lily Campos Miranda, quien en su función de jurídico del gobierno dl Estado presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por los presuntos delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI) y por los cuales se encuentra en la cárcel..

Citó nuevamente la frase de que “cuando el poder judicial se vuelve tentación del poder ejecutivo es necesario salvaguarda la honorabilidad y etica de los juzgadores” y pidió que el poder judicial no reciba ordenes ni tampoco línea del ejecutivo y que actúe conforme a la ley

Que no lea una resolución que redacte algún magistrado del Tribunal Superior de Justicia como ha sido en muchos casos, afirmó al señalar que confía en la aplicación de la justicia y que en 144 horas quedara demostrada su inocencia respecto a las acusaciones que se le imputan.

la audiencia será retomada el próximo miércoles, a las 11:00 horas, en la cual se definirá la situación jurídica del ex gobernador de Quintana Roo. Este proceso es paralelo a la imputación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), identificada como 381/2017, por presuntas Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

El anterior fue turnado a un juez federal de Nezahualcoyotl, Estado de México, pero se declaró incompetente. Ahora el expediente será turnado al Vigésimo Séptimo Colegiado con sede en Cancún.(Noticaribe)

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