CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Creadas en la actual administración, anunciadas como concentradoras de funciones y amplias atribuciones, las Coordinaciones Estatales de Desarrollo –conocidas como “superdelegaciones”– están disminuidas, carecen de facultades y enfrentan ya escándalos de corrupción, publicó Proceso.
A un año de su designación, al menos 10 de los “superdelegados” tienen procesos abiertos por nepotismo, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, un caso por posible complicidad en robo de alta cuantía y, entre otros delitos, uso político-electoral de los programas de Bienestar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido reiteradamente a no permitir.
Es esto último lo que ya causó preocupación dentro de la administración de López Obrador y el pasado lunes los funcionarios que representan al gobierno federal en las entidades federativas fueron citados en el Palacio Nacional. Ahí, el mandatario les recordó que deben evitar inmiscuirse en actividades electorales y partidistas, en particular durante el proceso interno que se desarrolla en Morena, el partido creado por el presidente.
Desde el pasado 30 de octubre la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, acusó a Gabriel García Hernández, el coordinador nacional de los superdelegados y artífice de la figura, quien habría usado padrones, funcionarios y al ejército de gestores conocido como “Servidores de la Nación” para impulsar la candidatura de Bertha Luján (madre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde) a la dirigencia nacional de ese partido.
El contenido de la reunión fue ventilado por el mandatario el martes 3 del presente mes en su conferencia de prensa matutina. Ese día advirtió a los superdelegados que, si se entrometían en procesos partidistas o electorales, ya ni siquiera pasarían por el proceso administrativo en la Secretaría de la Función Pública (SFP), sino que serían directamente acusados en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
También los urgió a resolver la instalación de los llamados Centros Integradores donde se propone poner mesas de atención para programas gubernamentales y la red de cajeros automáticos del Banco del Bienestar, con la idea de que se elimine definitivamente la intermediación y el reparto de dinero en efectivo.
Algunos asistentes a la reunión confiaron a Proceso que el tono fue enérgico, pues López Obrador prácticamente les dijo que sería la última vez que les toleraría escándalos; también les dijo que quienes tuvieran procesos pendientes en la SFP debían responder y que de encontrarse alguna responsabilidad serían separados del cargo por faltar a los principios de la administración.
Finalmente, el ultimátum incluyó un respaldo a Gabriel García, quien se quejó de que algunos delegados no lo atienden. Concretamente, el presidente les dijo: “Gabriel me va a informar de quién no está trabajando o anda en la politiquería y yo tomaré medidas”.
López Obrador tocado
La dirigente de Morena no ha sido la única que ha colocado el tema en la mira pública, pues la Coordinación General de las superdelegaciones ha llegado a poner al propio López Obrador en un aprieto por la promoción personalizada de las ayudas económicas que se dispersan mediante los llamados Programas de Bienestar.
Varios superdelegados –entre los que destacan aquellos que buscan o han buscado cargos de elección popular– emitían mensajes a través de redes sociales difundiendo acciones gubernamentales, mientras que los 13 mil empleados conocidos como “Servidores de la Nación” recorrían el país integrando padrones, con chalecos en los que, además de la iconografía oficial, podía leerse el nombre del López Obrador.
La Unidad de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el asunto el 8 de agosto. Una semana después emitió una prohibición y el 26 de septiembre emplazó al presidente, a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, así como el coordinador general, Gabriel García, para que respondieran por el uso de recursos públicos por promoción personalizada, una actividad que está prohibida por el artículo 134 constitucional.
El 27 de septiembre, López Obrador respondió desde su habitual conferencia de prensa matutina con un mensaje al INE: “Vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan, porque eso si calienta”.
A continuación, el mandatario acusó al INE de haberse hecho de la vista gorda ante el uso de programas sociales como Solidaridad, Progresa, Oportunidades y Prospera –es decir, aquellos que corresponden a los pasados cinco sexenios que identifica a diario como “del periodo neoliberal”– y añadió que “ahora se convierten en paladines de la democracia”.
El episodio reúne dos temas centrales en el discurso del mandatario a lo largo de su trayectoria: corrupción y democracia electoral. De hecho, él mismo se refirió a su lucha contra el fraude electoral que tuvo su origen en la denuncia de la elección tabasqueña de 1988; seguiría con el Éxodo por la Democracia en 1991 y la Caravana por la Democracia en 1995, entre otros, hasta la denuncia y plantón por los resultados de la elección de 2006, la primera en que participó como candidato presidencial.
Sin embargo, en la misma declaración del 27 de septiembre último, sin importar la evidencia fotográfica del uso de su nombre, así como la del protagonismo de los superdelegados –ambas conductas ya prohibidas por el INE desde el 16 de agosto– el presidente dijo que si el organismo decidía infraccionar a sus funcionarios, “nosotros vamos a defendernos”.
Los escándalos
El pasado 24 de octubre, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dio a conocer que nueve superdelegados están bajo investigación por el uso indebido de programas sociales, aunque no precisó si se relacionaban con las sanciones impuestas por el INE.
Proceso pudo confirmar que no todos están acusados por proselitismo o intromisiones electorales y que se trata de los siguientes superdelegados:
Aldo Ruiz Sánchez, de Aguascalientes, señalado por faltas administrativas, desvío de recursos y usurpación de profesión. Las denuncias fueron interpuestas por el Comité Estatal de Morena, partido del que hasta hace un año fue dirigente.
Juan Carlos Loera de la Rosa, de Chihuahua, se le investiga por nepotismo, lo mismo que ocurre en la delegación de Jalisco, donde Armando Zazueta –quien sustituyó en la entidad a Carlos Lomelí, quien enfrenta acusaciones por tráfico de influencias– y sus subdelegados regionales fueron sorprendidos empleando a familiares, inclusive consanguíneos (Proceso 224).
En Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos está sujeto a investigación, luego de que el 29 de julio una avioneta que transportaba dinero (oficialmente 800 mil pesos) fue asaltada al aterrizar en una comunidad de Ocosingo. Ahí murió un policía rural, hubo al menos dos heridos y se le indaga al superdelegado por ser uno de los pocos que conocían la ruta para el reparto.
En Colima, la superdelegada Indira Vizcaíno fue denunciada por promoción personal y por encabezar actos partidistas; lo mismo, el proselitismo, se le imputa a José Ramón Gómez Leal, superdelegado en Tamaulipas, así como a Mauricio Hernández, de Guanajuato.
En Puebla, Rodrigo Abdala (sobrino de Manuel Bartlett) enfrenta acusación por desvíos de recursos, lo mismo que a Gabino Morales, de San Luis Potosí (además de enfrentar acusaciones por acoso laboral y sexual); a Jaime Montes Salas, el de Sinaloa (a quien inclusive le han protestado por incumplimientos los “Servidores de la Nación”) y el de Sonora, Jorge Luis Taddei.
De los mencionados, los casos de Aguascalientes, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, en lo que respecta a desvío de recursos pueden resultar absueltos, pues los superdelegados (que, por su parte, han rechazado las acusaciones) no manejan ni tienen facultades para disponer de recursos públicos.
Sin embargo, el primer y más conocido caso es el de Jalisco, cuyo primer superdelegado, Carlos Lomelí, es investigado por presunto tráfico de influencias con el fin de obtener contratos para sus empresas en el sector salud.
Lomelí, empresario, político y candidato perdedor para gobernador de Jalisco en 2018, fue designado superdelegado, cargo que dejó tras la publicación de un reportaje realizado por Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, que acreditó sus negocios de proveeduría al sector salud.
Como en otras ocasiones, ante la revelación, el mandatario reaccionó de botepronto la mañanera del 21 de mayo. Dijo que se trataba de desprestigiar su lucha contra la corrupción con el caso de Lomelí, añadiendo que era “politiquería”.
Hasta ahora, no hay caso abierto por lo que implica el uso del nombre del presidente López Obrador y, de acuerdo con las instancias involucradas, consultadas por Proceso, en unos días Lomelí podría quedar absuelto, pues la SFP no encontró irregularidad en su desempeño.
Les quitaron lo “súper”
La denuncia más reciente fue contra el superdelegado de Coahuila, Reyes Flores Hurtado. En una causa se le acusa de usar los Programas de Bienestar para actividades políticas y en otra de ejercicio indebido de funciones, interpuesta por constructores a los que prometió asignación de obra.
Desde el periodo de transición, cuando el presidente López Obrador anunció la desaparición de las delegaciones federales de las dependencias para concentrar funciones en los superdelegados, hubo expresiones de preocupación pues en algunas entidades las delegaciones llegaban a 150, lo que concentraría enormes presupuestos en un solo cargo que, además, era ocupado por excandidatos a gubernaturas vencidos.
Los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Querétaro, Francisco Domínguez, advirtieron que la figura de los coordinadores Estatales de Desarrollo podía perturbar el pacto federal. Inclusive, la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con López Obrador como presidente giró en torno al pretendido involucramiento de los superdelegados en materia de seguridad.
Pero pronto las dudas se fueron despejando hasta reducir la figura que parecía concentrar funciones en un apéndice de la Secretaría de Bienestar.
El 18 de julio se emitieron los Lineamientos que Regulan las Funciones de las Delegaciones de Programas de Desarrollo. Desde su primer artículo, el ordenamiento es claro: los delegados coadyuvarán a la Secretaría de Bienestar, realizarán funciones de atención ciudadana, atenderán al público e informarán del avance de padrones y programas, además de canalizar gestiones.
El fracaso del proyecto anunciado por López Obrador se suma a otros compromisos que intenta salvar. Por ejemplo, después de que en mayo se emitió una orden para despedir a delegados de las dependencias y entidades federales, contratados a partir del 1 de diciembre de 2018, ahora se han tenido que nombrar coordinadores.
O bien, el lento avance en la bancarización de las ayudas económicas obligó a que en mayo pasado Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, emitiera una contraorden para que los recursos se volvieran a distribuir en efectivo como hasta ahora se viene realizando. De ahí que el presidente haya urgido el lunes 2 la instalación de los centros integradores, planteando el cuidado de los transportes de valores en un esquema similar al de las pipas de transporte de combustible; es decir, bajo escolta de la Guardia Nacional.
Con todo, el presidente ha sido insistente respecto a la participación política y el proselitismo y en una admisión implícita del desaseo en los estados, el martes 3 dijo: “Y hay coordinadores –por eso no puede hacer tabla rasa– muy buenos, entregados, abnegados, quisiéramos que todos, todos, todos, actuaran de manera correcta y eso es lo que vamos buscando”. (Fuente: Proceso)
