Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Al cumplirse un año de su designación, el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales reconoció que a pesar de los avances registrados, no se encuentra satisfecho con el trabajo realizado porque no han sido suficientes, pero confió en que el próximo año tengan mayores resultados y disminuya ese grado de frustración.
Consideró que en este año se ha logrado superar las acciones realizadas en el 2018, “pero no ha sido suficiente y la meta es lograr que la ciudadanía perciba un estado más seguro y con una disminución en el índice delictivo”.
Dijo que este año lograron avanzar con el marco normativo, pues este 12 de diciembre se entregó el reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que permite establecer la regla de operación de cada una de las áreas de la dependencia; además se ha logrado una disminución de los indices de impunidad al registrar un 15 por ciento menos de homicidios dolosos que el año pasado; la detención de entre 1,200 y 1,300 personas con medida cautelar de prisión preventiva a disposición de los jueces por delitos relacionados con la salud, feminicidios y homicidios.
El año pasado se hicieron alrededor de 15 cateos y ahora llevamos poco más de 90, un 200 por ciento más de personas vinculadas a proceso, ha habido más consignaciones y una disminución del rezago de las carpetas de investigación, al pasar de 89.5 por ciento a 70 por ciento. El estándar internacional es del 20 por ciento, el nacional de entre el 35 y 36 por ciento y Quintana Roo ha logrado disminuirlo, “que no ha sido suficiente, no estamos convencidos con esa cifra y esperamos avanzar el próximo año”, explicó.
Aclaró que a pesar que han disminuido los índices en delitos de alto impacto se ha registrado un aumento en robo y violencia familiar.
Montes de Oca Rosales indicó que la prioridad para el próximo año es mejorar la atención ciudadana y generar ese vínculo de confianza para lograr que se presenten las denuncias, “y por eso le estamos apostando a abrir más canales de comunicación que permita esa vinculación con la ciudadanía, con aplicaciones en los teléfonos celulares que han tenido éxito para la denuncia de extorsiones que se cometen en Playa del Carmen y otra para la presentación de denuncias por internet”.
Reconoció que en el caso de Playa del Carmen es particular, toda vez que las quejas presentadas por comerciantes y empresarios no coincidían con el número de denuncias interpuestas por extorsión por derecho de piso. Al revisar las estadísticas observamos que sólo había 36 denuncias durante todo el año, que no correspondía a las quejas ciudadanas, “entonces se hizo el llamado para que denuncien. Ellos me presentaron el temor por denunciar por el riesgo que implica, pero el estar pagando las extorsiones genera el fortalecimiento de esas bandas delincuenciales y son cada vez más peligrosos, pues encontramos que primero pedían autorización para vender droga, después se adueñaban de espacios dentro del establecimiento y después de la administración del local y con esos ejemplos y por eso es mejor denunciar”.
Aseguró que las denuncias han dado como resultado la detención de extorsionadores que operaban de manera principal sobre la Quinta Avenida de Playa del Carmen.
El fiscal general del Estado aseguró que el índice de homicidios registra una disminución del 95 por ciento y que la mayoría esta vinculado a delitos de narcomenudeo. Sin embargo, manifestó la preocupación por el desplazamiento de grupos delictivos hacia la zona centro y sur del Estado, sobre todo en Bacalar donde se han registrado “focos de atención por los fenómenos delictivos que se han presentado relacionados con el recale de droga en la costa”.
Aceptó que el avance de acciones de la Fiscalía dependerá de la aprobación del presupuesto solicitado al Congreso del Estado que asciende a poco más de 900 millones de pesos y la disposición de la autoridad hacendaria estatal para aprobarlo. “Le escribimos nuestra cartita a los reyes magos y esperamos la disposición para autorizarnos el presupuesto solicitado”, reiteró.
Dentro de los logros obtenidos en este año de trabajo, Montes de Oca Rosales explicó que se han logrado 1,985 acuerdos reparatorios por un monto de 35 millones 375 mil 352 pesos, que representa un avance sustancial respecto a los 1,300 alcanzados en el 2018 y que implicaron 18 millones de pesos; se lograron 493 órdenes de aprehensión contra 213 cumplidas el año pasado; 1,274 personas imputadas en prisión preventiva como medida cautelar; el centro de justicia para mujeres que funciona las 24 horas los 265 días del año -con su reglamento interno de operación- en tres terrenos de 7,000 metros cuadrados para su ampliación y la toma de protesta del consejo consultivo ciudadano
Indico que este año se han logrado resolver siete de los ocho multihomicidios registrados; la creación de la Unidad de inteligencia Patrimonial y Económica, las fiscalías especializadas en materia de desaparición forzada, homicidio, trata de personas, de extinción de dominio, delitos sexuales, para niñas niños y adolescentes, así como las unidades de atención especializada para turistas, para delitos contra la libertad de expresión, grupos vulnerables, delitos ambientales y asuntos indígenas. (Noticaribe)
