CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) Manuel Horacio Cavazos López enfrenta una denuncia por violencia sexual contra sus hijas de 5 y 7 años, interpuesta el pasado 23 de septiembre, publicó animalpolítico.com.
A pesar de que en la carpeta de investigación hay pruebas periciales médicas, valoraciones psicológicas, declaraciones de las niñas ante el Ministerio Público y psicólogos especializados, y audios en los que narran a su mamá las presuntas agresiones, el caso no ha sido judicializado en cuatro meses.
El magistrado, de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, está a punto de ser ratificado como impartidor de justicia de forma vitalicia, junto con otros siete magistrados, entre los que también se encuentra el que liberó al exmarido y sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Sagón.
Animal Político tuvo acceso a la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019, abierta ante la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía). Por respeto a las víctimas, no se reproducirán las declaraciones en las que las niñas, con sus palabras, describen lo que su papá les hacía.
En una audiencia realizada el pasado 17 de enero, se dieron 10 días al Ministerio Público para determinar si hay elementos suficientes para llevar el caso ante un juez o si se cierra.
En caso de que sí se judicialice, el delito del que se acusa a Cavazos ameritaría prisión preventiva, es decir, seguir su juicio desde la cárcel, y de ser encontrado culpable, se castiga con ocho a 20 años de cárcel cuando es a menores de edad, pena que aumentará en dos terceras partes si hay parentesco, además de perder la patria potestad, según el artículo 181 bis y ter del Código Penal de la Ciudad de México.
Las niñas han tenido varias sesiones psicoterapéuticas ante el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), que reportó que la hija mayor muestra evasión, ansiedad y angustia al hablar sobre una posible agresión sexual, y en la menor “se identifica ansiedad, enojo, miedo, tristeza y confusión, sintomatología asociada a víctimas de agresión sexual”.
Aunque el CTA es un organismo público de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, sus informes no cuentan como peritajes. En cambio, el peritaje psicológico que sí se realizó el mismo día de la denuncia a la hija mayor llama la atención porque da por cierto el hecho denunciado, aunque dice que no fue percibido como una agresión cuando sucedió.
“(La víctima) no presenta afectación psicológica compatible a la presentada por personas que han sido agredidas sexualmente como consecuencia de los hechos que denuncia, si bien el evento es sorpresivo, súbito, la menor de edad no le proporciona una connotación negativa hasta el momento de la revelación”, señala.
También dice en las conclusiones que no hay cambios en el comportamiento de la niña ni síntomas físicos, como pueden ser jaquecas o dolores estomacales. Sin embargo, entre las pruebas presentadas en el caso hay un reporte de la escuela que muestra que en agosto pasado, apenas al volver a clases después de las vacaciones, acudió varias veces a la enfermería porque tenía dolores de cabeza.
El expediente contiene un peritaje médico que refiere que el examen ginecológico encontró una laceración “compatible con manipuleo o rascado producida por el borde libre de las uñas, por un mecanismo de fricción”.
Tras la demanda, la madre solicitó al juez de lo familiar decimoquinto, que llevó el caso de divorcio en abril de 2019, que suspendiera legalmente las convivencias del padre con las hijas, pero hasta la fecha, no se ha pronunciado y fue un juez federal quien lo ordenó.
Además, hay audios de las niñas contando lo que pasaba cuando veían a su papá, pero ni la MP que investiga la agresión sexual ni el juez que decide las convivencias familiares las han tomado en cuenta como prueba. (Fuente: animalpolítico.com)
