Por Jéssica García
MÉRIDA, MX.- En Yucatán, el 68% de las 106 cárceles establecidas, no cumplen con las condiciones mínimas que deben tener, desde infraestructura hasta los procedimientos que se llevan a cabo al tratar a las personas.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) dio a conocer que de acuerdo a las últimas observaciones que han realizado en los centros penitenciarios del territorio, en su gran mayoría presenta carencias y por lo tanto, no garantizan la integridad de las personas reclusas.
Además, de 2018 a la fecha el organismo investiga 10 muertes de personas internas, en su mayoría la causa fue suicidio, por lo que ya se ha emitido una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para que mejoren el trato que se les otorga a las personas que están privadas de su libertad.
La última muerte que la Codhey investiga se registró en el municipio de Teya el sábado pasado, tratándose de un hombre de 41 años que fue detenido por escandalizar en su casa, estando en presunto estado de ebriedad. Posteriormente ya estando en prisión se suicidó.
Incluso, entre las observaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los 255 centros penitenciarios del país, se enfocan a que hay una mala distribución, hay hacinamiento, no hay inversión, no hay medicamentos para los presos, la comida es de muy mala calidad y poca cantidad, por lo que todo se reduce a que las personas tengan muy malas condiciones de vida.
Con información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018, al menos 40 de cada 100 reos en Yucatán son reincidentes, siendo robo en todas sus modalidades el principal delito, además el 47% de las cárceles en la entidad presenta sobrepoblación.
En estas mismas estadísticas se plantea que la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad impide que se alcance de mejor manera reintegración a la comunidad.
Esto sucede cuando no se permite que la población reclusa sostenga vínculos con sus familiares y la sociedad que son importantes para su posterior reincorporación, además de violar sus derechos por parte de las autoridades.
Por otra parte, el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Yucatán tiene convenio únicamente con una empresa para conformar una bolsa de trabajo para la población egresada de los centros penitenciarios y no hay institución que dé seguimiento al tratamiento de las adicciones de las personas reclusas, esto a pesar de que por reo se invierten en el estado cerca de 449.46 pesos al año, es decir, un costo alto, en comparación con Sinaloa por ejemplo, en donde se invierten tres pesos. (Noticaribe)
