CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Nunca antes en México se había llegado al punto de investigar a fondo los recursos que los secuestradores generaron durante el tiempo que estuvieron desarrollando sus actividades, y la nueva estrategia busca ubicar todos los bienes producto del pago de rescate para que aquellos que sean recuperados se devuelvan a las víctimas, afirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó La Jornada.
Durante la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que a pesar de haber sido detenidos, muchos secuestradores utilizaron el dinero obtenido como rescate por sus víctimas para pagar un alto nivel de vida para sus familias, lujos en centros penitenciarios y sobornos.
Mediante el convenio con la Conase, las unidades estatales de combate al secuestro y la UIF compartirán información para debilitar las estructuras financieras de los grupos delictivos dedicados al secuestro.
Nieto Castillo señaló que es esencial reducir el flujo de recursos ilícitos a estos grupos criminales para debilitar sus operaciones, es claro que no sólo con el combate a las estructuras financieras se generan mejores estadios de seguridad ciudadana, debe venir acompañado de combate a la corrupción política, judicial y ministerial para evitar que se generen mecanismos de protección hacia las organizaciones delictivas.
Durante el acto, Durazo Montaño dijo que este acuerdo posibilita un combate directo y eficaz a la base económica de aquellos grupos de delincuencia organizada que utilicen el secuestro como su fuente de financiamiento.
Sostuvo que las organizaciones dependen de su sustentabilidad económica y en la medida que se desmantele se les debilita, y es aquí donde la Unidad de Inteligencia Financiera cobra un papel fundamental para el abatimiento de tales grupos.
Detalló que la UIF compartirá con las Unidades Estatales Antisecuestro toda la información financiera que posea para dar seguimiento a las transferencias que pudieran estar relacionadas con este tipo de delito, y ello facilitará enormemente el trabajo que vienen realizando en las entidades federativas. (Fuente: La Jornada)
