Denuncia Uber a taxistas y personal del Instituto de Movilidad por violencia y actos de corrupción en Cancún

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Por Leslie Gordillo

CANCÚN, MX.- Una denuncia penal y otra por corrupción por parte del Sindicato de Taxistas y del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), fueron ingresadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de socios conductores de Uber, esto ante la ola de violencia que persiste en su contra e incluso amenazas de muerte que han recibido directamente en sus domicilios.

Agueda Esperilla Soto, socia conductora de la plataforma, dio a conocer que fue durante diciembre cuando al menos entre 30 y 50 cartas llegaron a los domicilios de los socios conductores, con sus fotografías, placas y una advertencia para que dejen de trabajar en Uber, datos que sólo pueden obtenerse cuando son detenidos por Tránsito o por el Imoveqroo, de allí la denuncia por corrupción.

“Estamos haciendo el llamado a las autoridades, porque acabamos de hacer dos denuncias (el pasado sábado) una a nivel penal, y otra de anticorrupción, porque todo lo que está pasando aquí tiene que ver con eso, todos están coludidos. Se hicieron hacia Erasmo Abelar Cámara, dirigente del Sindicato (de taxistas), de la diputada Erika Castillo, de Bibian Castillo y Jorge Pérez Pérez, director de Movilidad”, detalló.

Recordó que desde que la plataforma se reactivó comenzaron los operativos tanto por parte de Tránsito, como del Imoveqroo, pero no conforme con ello, los taxistas han incrementado los niveles de violencia, destruyendo varios vehículos, sobre todo de quienes bajan de zona hotelera o que llegan a la Central de Autobuses.

“Ha sido una campaña muy fuerte de delincuencia, vandalismo, amenazas, pero todo tiene que ver con que el dirigente del sindicato, Erika Castillo, Jorge Pérez Pérez, han dicho mentiras y no hacen nada, por eso el llamado a las autoridades”, puntualizó, pues consideró que no es posible que agredan, amenacen y se den la vuelta como si no pasara nada.

Por ahora, insistió, el amparo que los reconoce como servicio privado, no público, es válido, por ello es que siguen trabajando a través de la plataforma.

Aunado a estas dos denuncias colectivas, mencionó que deben ser más 100 denuncias las que ya se interpusieron ante la Fiscalía desde julio pasado, por situaciones que han sufrido diferentes socios conductores y hasta ahora no hay ninguna resolución.

Por último dijo, que si la Fiscalía no resuelve, tendrán que ver qué instancia sigue después, para que los obliguen a hacer su trabajo y que se pare toda esta ola de violencia. (Noticaribe)

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